El vicepresidente de la empresa pública, Diego Durand, dijo que habrá una audiencia de conciliación en marzo y podrían arreglar «formas de pago», pero no «cobrar menos». Ancap inició un reclamo a la Intendencia de Montevideo (IMM) por el «pago retroactivo» de US$ 30 millones luego de que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional el cobro de la tasa de inflamables. El vicepresidente de la empresa pública de combustibles, Diego Durand, explicó que en marzo habrá una audiencia de conciliación luego de que Ducsa y Canopus, distribuidoras de Ancap, solicitaran los US$ 30 millones.

«Se le envió la documentación a la IMM en forma administrativa primero y en forma paralela también iniciamos el proceso judicial», dijo Durand a Subrayado. Es que, según contó, «la sentencia que declara inconstitucional la tasa de inflamables recoge que se debe pagar retroactivamente a las distribuidoras de Ancap cuatro años para atrás», tal como había adelantado este martes El Observador. Desde la comuna indicaron a El País que el tema es abordado por la división de Jurídica pero que, de momento, no harán declaraciones al respecto. La Suprema Corte de Justicia resolvió en junio de 2023 declarar la inconstitucionalidad de la tasa de contralor de la seguridad de vehículos que transportan productos inflamables que cobraba la IMM. Días después, la intendenta Carolina Cosse envió a la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de decreto que creaba un impuesto que pretendía sustituir de alguna forma la tasa derogada tras declararse inconstitucional. Pero debido a las críticas, que llegaron incluso desde el gobierno nacional, la jefa comunal desistió. https://www.elpais.com.uy/