Dos nuevas reclamaciones ante el tribunal de Miami
El informe financiero del organismo público panameño, encargado de la gestión y explotación del canal, explica que el 10 de diciembre de 2016, GUPC comunicó al tribunal de arbitraje la existencia de dos nuevas solicitudes de arbitraje presentadas el pasado 8 de diciembre ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). La ACP estima que la cuantía conjunta de las dos nuevas solicitudes ante la corte internacional asciende a 4.989,8 millones de dólares. «Como consecuencia de estas solicitudes, el monto reclamado por GUPC aumentó de 3.227 millones de dólares a 5.673,5 millones de dólares», explica la Autoridad del Canal.Fuentes de Sacyr, que encabeza el consorcio con una participación del 41,6%, explican que el contrato de adjudicación fijaba una fecha límite, una vez puesto en funcionamiento el canal para fijar la cuantía máxima que se podía reclamar en el futuro. Por eso, GUPC ha presentado sus pretensiones máximas por los sobrecostes y retrasos para no perder derechos futuros.
El grueso de las desviaciones se deben a la calidad del basalto, fallas inesperadas en los terrenos sobre los que se desarrollaron los trabajos, huelgas y cambios normativos. También hay desencuentros por las garantías concedidas por GUPC a la Autoridad del Canal.
Casi el triple del precio de adjudicación
En realidad, el consorcio ya ha presentado reclamaciones a la ACP pero estas aún están en una fase previa y aún no han sido resueltas por la Junta de Resolución de Conflictos.
Las obras para la construcción del tercer juego de esclusas del canal de Panamá fueron adjudicadas en 2009 a GUPC por 3.118 millones de dólares, unos 2.960 millones de euros al cambio actual. El proyecto suponía un reto para el consorcio, que esperaba obtener grandes réditos con la obra y el prestigio que obtendría al finalizarla. Pero las desavenencias entre las partes, los retrasos y los sobrecostes hacen dudar de la rentabilidad del proyecto una vez finalizado. Las obras, incluso, fueron paralizadas en 2013 por discrepancias entre las partes sobre la cuantía de los sobrecostes.
Unos meses antes de la entrega de la mayor obra de ingeniería del siglo XXI, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, situaba las reclamaciones del consorcio por retrasos y sobrecostes registrados durante la construcción de esta obra en unos 3.600 millones de dólares. El primer ejecutivo de la constructora española, que ha liderado el proyecto, advertía que esta cifra podría incrementarse a pesar de haberse inaugurado el nuevo juego de esclusas que permite. «En lo que va del periodo fiscal de 2017, GUPC ha presentado reclamaciones por un monto total de 16.392 balboas [16.392 dólares]», explica la ACP. El proyecto ha provocado más de una docena de expedientes de reclamaciones entre ambas partes.
Proceso de demandas
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la entidad pública panameña encargada de la gestión de la infraestructura, explica en sus cuentas anuales, que actualmente tiene un «pasivo contingente» resultante de reclamaciones en firme de GUPC que asciende a 3.227,721 millones de dólares.
En el contrato de adjudicación de las obras se detalla cuál era el proceso para resolver las discrepancias entre las compañías adjudicatarias y la ACP. En primer lugar, las reclamaciones deben notificarse a este organismo público panameño. En caso de que este las rechace, las quejas deberán presentarse ante la DAB (Dispute Adjudication Board o Junta de Resolución de Disputas), formada por un representante de cada una de las partes y un tercero de consenso. En última instancia, las reclamaciones podrán dirigirse al Tribunal Internacional de Arbitraje del CCI, con sede en Miami.LA AUTORIDAD ALUDE A LOS AVALES PRESTADOS POR EL CONSORCIOLa Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la sociedad que gestiona y explota la infraestructura, recuerda a las empresas que forman el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que cuenta con garantías que puede ejecutar si no está conforme con el resultado del contrato.
Se trataría de una advertencia velada al consorcio ante el aumento de las reclamaciones por los sobrecostes millonarios. La Junta de Resolución (DAB) ha dictado varias decisiones reconociendo desviaciones en favor de la GUPC. La ACP amenaza por recurrir a la instancia arbitral.
La ACP destaca en sus cuentas anuales que «el contratista deberá hacer sus mejores esfuerzos para completar cualquier trabajo pendiente y ejecutar los trabajos necesarios para subsanar los defectos y/o daños registrados, en un tiempo razonable […] el 31 de diciembre de 2016 o la fecha más cercana a ésta que sea posible».
Además, recuerda que mantiene una garantía de responsabilidad solidaria emitida por Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y Cusa, que le fueron presentadas como parte de los requisitos para hacerse con el contrato. Estas garantías, explica ACP, obligan a las empresas a asumir la responsabilidad conjunta y solidaria de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en el contrato de obra.EL PAÍS ESPAÑA
