Una resolución, luego revocada y después licitada genera otro capítulo. Montecon avanza con acciones contra la Administración Nacional de Puertos (ANP) en diferentes ámbitos. Ya tiene una denuncia contra la autoridad portuaria ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y realiza una demanda judicial por daños y perjuicios contra la ANP por más de US$ 15 millones.

Hay un viejo reclamo de Montecon (empresa que opera en las áreas públicas de la terminal montevideana) a la ANP por una negativa de la administración para la adquisición y utilización de grúas pórtico.  Esas máquinas son únicamente utilizadas por Terminal Cuenca del Plata (TCP, propiedad de la multinacional belga Katoen Natie con participación minoritaria de la ANP y única especializa en contenedores). Pero desde 2002 Montecon reclama poder utilizar esas grúas en los espacios públicos. Las diferencias sobre ese tema incluyeron instancias judiciales con un resultado negativo para Montecon en 2013. Pero, el mes pasado, la compañía arremetió nuevamente contra la administración y presentó una denuncia ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (órgano desconcentrado del Ministerio de Economía) aduciendo que no se le permite competir en igualdad de condiciones dentro del puerto de Montevideo. La utilización de grúas pórtico es uno de los principales motivos de enfrentamiento entre Montecon y TCP, que prácticamente se dividen la operativa de movimiento de contenedores en la terminal montevideana, en lo que se ha dado en llamar la «guerra del puerto».

Demanda.

El otro cortocircuito estalló por la instalación de pasarelas para tomas eléctricas para contenedores refrigerados en áreas públicas portuarias. En julio del año pasado, la gerencia general de la ANP autorizó a Montecon a construir esas pasarelas. Sin embargo, en diciembre, la presidencia de la ANP revocó la resolución previa de autorización, luego de una queja presentada días antes por TCP. En ese petitorio se indicó que al permitir a Montecon instalar las pasarelas se lo estaba beneficiando directamente. Y por eso, pedía que la autorización quedara sin efecto. Montecon argumentó que ya había invertido cerca de US$ 1 millón en las obras que comenzó luego de la autorización de la gerencia general de la ANP.Luego de la revocación, el directorio de la ANP decidió llamar a una licitación para la instalación de las tomas eléctricas para poder brindar servicio de frío a contenedores.

Pero el tema no quedó ahí para Montecon.

La empresa presentó una demanda contra la administración donde señaló los perjuicios que la definición de presidencia de la ANP le causó con la revocación. Según supo El País, la cifra asciende a US$ 15,7 millones, entre inversión realizada, gastos, pérdida de facturación y otros reclamos. En la fundamentación de la denuncia se señala que el presidente de la ANP, Alberto Díaz, decidió revocar sin argumentos razonables la autorización otorgada por la gerencia general del organismo. Añade que la resolución de Díaz se tomó el mismo día en que TCP había reiterado su amenaza contra la ANP por «no ampararle sus pretensiones monopólicas». El fundamento también dice que la resolución de Díaz vulneró los derechos de Montecon, además de causarle graves perjuicios económicos y comerciales. Con esos aspectos, sostiene que el presidente de la ANP se sumó a «una campaña» existente «contra» la compañía.  El miércoles próximo se realizará una audiencia de conciliación entre las partes.Por la ANP están citados a comparecer Díaz, el removido gerente general, Néstor Fernández y dos jerarcas de áreas y divisiones de la ANP.

Investigación.

Aparte de la órbita judicial, la revocación de la autorización a Montecon tuvo otras derivaciones. Una fue la remoción de Fernández de su cargo por haber sido el firmante de la resolución favorable a Montecon. Luego de eso se decidió ir por una licitación que se definió el miércoles a favor de la empresa Dervalix. Como segunda oferta quedó la efectuada por Nelsury (propiedad de KatoenNatie) y en tercer lugar una de Montecon. El expediente que ingresó Montecon con el pedido de autorización para la instalación de las pasarelas se presentó el 8 de junio pasado. La autorización final de la gerencia general fue el 21 de julio.Entre medio, la solicitud pasó por varias dependencias para evaluaciones técnicas.Y según supo El País hubo divisiones que con sus informes se expidieron de manera contraria a otorgarle la autorización a Montecon. Sin embargo, la gerencia general de la ANP tomó en cuentas otras consideraciones y resolvió conceder el permiso a la empresa. Finalmente, el mes pasado, el directorio de la administración resolvió remover de su cargo a Fernández, luego que el director nacionalista, Andrés Chahnazaroff, manifestara su intención de comenzar con una investigación administrativa para determinar si hubo responsabilidad de otros funcionarios en la autorización concedida a Montecon. Sin embargo, según supo El País la intención de los representantes oficialistas dentro del directorio (Díaz y el vicepresidente Daniel Montiel) es que el tema quede cerrado con el alejamiento del cargo de Fernández.

La revocación.

La resolución de presidencia de la ANP con la que se dejó sin efecto la autorización señaló que «en el marco de la política de gestión de la empresa que le compete al directorio, se están analizando la forma de operar de dos grandes operadores en la categoría de contenedores, con sus diversas modalidades: operador bajo concesión (TCP) y operador en régimen público (Montecon), de manera de aunar esfuerzos para resolver los aspectos medulares de la relación». Añadió que «a la luz de la resolución y en vista de los informes técnicos que emanan de la misma, se estima que no son suficientes debiendo los mismos ser ampliados y estudiados en un contexto general de desarrollo portuario del puerto de Montevideo». Por último, indicó que «con el objetivo de alcanzar un mejor ordenamiento del puerto y no agregar elementos que deberán ser considerados en el marco de asesoramiento al Poder Ejecutivo en lo que respecta a la política portuaria, se revocará la autorización otorgada». Allí entonces quedó sin efecto la resolución que autorizaba la instalación de las tomas para contenedores refrigerados y se recorrió el camino de la licitación que el miércoles tuvo como elegida a la empresa Dervalix, dedicada a la logística portuaria. Pero esa decisión de la presidencia de la ANP es la que motivó a Montecon a presentarse en la Justicia y demandar al organismo por daños y perjuicios.

La postura de la ANP para instalar grúas.

La ANP ha dado algunas señales sobre la instalación de grúas pórtico en los espacios públicos del puerto de Montevideo. El presidente de ANP, Alberto Díaz dijo el año pasado que la línea de acción del organismo en los últimos años es que tener una grúa que queda asociada a un muelle no puede darse como permiso y tiene que darse como concesión. «Y, en esta gestión, no estamos pensando en concesionar muelles. Entonces hay que agudizar el ingenio para ver cómo mejoramos la productividad sin que pase todo a las manos privadas», había señalado el presidente de la ANP. Sin embargo, la decisión de tener esas grúas especiales en los muelles públicos se sigue dilatando. www.elpais.com.uy