El puerto de Montevideo está en el centro de un intenso debate sobre su operativa, luego de que las autoridades portuarias aprobaran una nueva reglamentación que otorga prioridad de atraque a Terminal Cuenca del Plata (TCP), la terminal especializada de contenedores operada mayoritariamente por la multinacional belga Katoen Natie. El reglamento, que ahora espera la promulgación del Poder Ejecutivo, refuerza una decisión tomada en 2021 que ha generado tensiones en el sector portuario y demandas legales internacionales.
En 2021, el gobierno uruguayo extendió la concesión de TCP hasta 2081 y otorgó prioridad de atraque a sus operaciones. Según el acuerdo, la Administración Nacional de Puertos (ANP) debe priorizar los buques portacontenedores en TCP, permitiendo su reubicación en muelles públicos únicamente si la terminal no puede recibirlos en un plazo de 24 horas.
Este privilegio despertó críticas de Montecon, principal competidor de TCP, que opera en áreas públicas del puerto y que denunció prácticas anticompetitivas. Montecon llevó su reclamo a la Comisión de Defensa de la Competencia, pero el Ministerio de Economía desestimó las acusaciones, argumentando que las decisiones portuarias son de interés general y deben ser tomadas por el Poder Ejecutivo.
El conflicto escaló a nivel internacional cuando los accionistas de Montecon, las empresas ATCO (Canadá) y Neltume Ports (Chile), presentaron demandas por 900 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Alegan que la extensión de la concesión de TCP viola los tratados bilaterales de inversión que Uruguay tiene con Canadá y Chile.
Por su parte, Katoen Natie había amenazado previamente con su propia demanda ante el Ciadi por 1.500 millones de dólares antes de que se concretara la extensión de su contrato, lo que resalta la complejidad de las relaciones entre los operadores portuarios y el gobierno uruguayo.
La reciente reglamentación aprobada por la ANP y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) mantiene la prioridad de atraque para TCP, con la posibilidad de reubicar embarcaciones en muelles multipropósito solo si la terminal está ocupada. Este esquema busca garantizar una operativa ordenada mientras TCP amplía su capacidad con la construcción de un nuevo puesto de atraque.
Sin embargo, la normativa también dejó sin efecto el protocolo de 2021, que establecía una gradual migración de servicios desde los muelles públicos hacia TCP. Esta decisión responde a la falta de disponibilidad actual de TCP para absorber nuevos servicios hasta que se incremente su capacidad operativa.
El Centro de Navegación (Cennave), que incluye representantes de ambas empresas, aceptó el nuevo reglamento, aunque las tensiones persisten. Mientras TCP defiende su posición como terminal especializada con grandes inversiones, Montecon argumenta que la priorización afecta la competitividad y el equilibrio del puerto.
El futuro del puerto de Montevideo depende de cómo se gestionen estas tensiones y de la resolución de los conflictos legales. La expansión de TCP podría fortalecer la infraestructura portuaria, pero el gobierno deberá equilibrar los intereses de todos los actores para evitar que las controversias frenen el desarrollo estratégico del puerto como hub regional.
Visión Marítima
