Por: Juan Oribe Stemmer
Nuestro patrimonio cultural subacuático se parece a uno de esas grandes criaturas marinas que permanecen por mucho tiempo ocultas en las aguas más profundas y que, de pronto, emergen a la superficie donde fugazmente atraen la atención. Para luego volver a sumergirse por años. Lo mismo sucede con ese tema. En algún momento, como resultado a de alguna noticia, asciende a los primeros sitios de la agenda política, causa controversia, y después desaparece nuevamente de la atención pública. Entretanto, tan valioso patrimonio se pierde, se deteriora o se desperdicia en perjuicio de las generaciones presentes y futuras. En estos días el asunto llegó a la primera plana en dos notas de El País. La primera un artículo de María de los Ángeles Orfila sobre el naufragio y pecio de la fragata española El Salvador, hundida en la bahía de Maldonado en 1812 y ubicada en 1997, en el curso de la búsqueda de otro pecio importante, el del navío de línea británico HMS Agamemnon. La segunda, fue la entrevista realizada por Eduardo Barreneche al Presidente de la Comisión de Patrimonio, el arquitecto William Rey Ashfield. La Convención de UNESCO suscrita en el año 2001 -hace más de cuatro décadas- describe el patrimonio cultural subacuático como “todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante cien años”. El término rastros es clave. Es necesario desterrar la asociación que existe en algunas mentes, entre esos elementos y la idea de tesoro. Aunque éstos atraen la atención, desde el punto de vista del mejor conocimiento de nuestra historia marítima son igualmente importantes, o aún más, otras clases de vestigios compuestos por materiales más humildes como la madera o el hierro y los restos de su cargamento que hayan sobrevivido la acción del tiempo y las aguas. Esos bienes son importantes porque pertenecen al patrimonio cultural de nuestra sociedad y son una parte importante de nuestra historia que necesitamos conocer mejor.
Nuestro país por un tiempo aplicó las normas inadecuadas sobre salvamento de buques, concebidas para otro tipo de situaciones, que tienen otros objetivos, que funcionan con tiempos distintos y que tutelan bienes muy diferentes. Las consecuencias no parecen haber sido positivas. En el año 2006, un decreto firmado por el presidente Vázquez reconoció que el país carece de “un marco legal específico que regule la gestión de ese patrimonio cultural subacuático por lo que la experiencia recogida ha sido perjudicial desde el punto de vista del producto cultural y económico”. Se suspendió la emisión de nuevos permisos. En marzo de 2023, el presidente Lacalle Pou envió al Parlamento un proyecto de ley para aprobar la Convención. El mensaje que acompañó el proyecto, firmado por el ministro de Educación, Pablo da Silveira, reconoció que “Nuestro país tiene desde hace décadas una asignatura pendiente en lo que se refiere a la gestión de su patrimonio cultural subacuático” y admitió “La ausencia de legislación pertinente, así como de una política cultural clara y garantista del patrimonio arqueológico existente en nuestras aguas”.
Hoy la Convención ha sido ratificada por 76 Estados.
¿Qué esperamos para ratificar? Fuente: El País
