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Patrullas oceánicas: acuerdo firmado dice que precio se ajustará por inflación de España y prevé escenario de quiebra de Cardama

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Mientras el gobierno está a la espera de que Cardama, la empresa española elegida para comprarle dos patrulleras oceánicas, entregue las garantías de US$ 4 millones en efectivo, empezó a circular entre políticos y oficiales de la Armada una copia del contrato que Uruguay firmó con el astillero gallego en diciembre. Aunque el gobierno aún no divulgó oficialmente el texto del acuerdo, la copia circulante, a la que también accedió El Observador, ya encendió varias luces de alarma entre sus dirigentes y algunos marinos. “No tengo elementos para no dar por legítimo el contrato que nos llegó. La fuente es confiable”, dijo la senadora frenteamplista Sandra Lazo, vicepresidenta de la Comisión de Defensa de la cámara alta, que mostró su preocupación por varias condicionantes firmadas por el gobierno. “El contrato –agregó– tiene varios puntos que de algún modo confirman diferencias entre lo que se promocionó y lo que ‘aparentemente’ se obtendría si es que se efectiviza la adquisición”. El ministro de Defensa Nacional, Armando Castaigndebat, dijo “es un contrato confidencial entre las partes”. “Me comprometí a llevarlo a la Comisión de Defensa del Senado ni bien termine este proceso. No creo que pase de esta semana”. Para la senadora Lazo es preocupante que en el contrato se establezca que la velocidad máxima establecida para las patrulleras sea de 21 nudos: “Difiere de la que se manifestó que debía contar, que era de 24 nudos”. El comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Wilson, había manifestado que las patrulleras podrían alcanzar un pico de velocidad de 24 nudos y una velocidad máxima sostenida de 23. “Tampoco se prevé una extensión de plazo para la presentación de garantía de fiel cumplimiento, y no hay espacio para el reclamo después de vencida la garantía, lo cual hace poco serio un gasto importante para el Estado prácticamente con escasa garantía”, agregó Lazo. La legisladora manifestó también su preocupación por las cláusulas que podrían afectar la permanencia del representante del Estado como observador del proceso de construcción. “La conclusión –dijo– es que el contrato tiene zonas oscuras que ‘justifican’ el secretismo que envolvió a este mal negocio. Amén de que según el contrato el precio final no lo sabremos”. El contrato de construcción entre Cardama y el Ministerio de Defensa, de acuerdo a la copia a la que accedió El Observador, estipula todos los gastos extras que Cardama tenga durante la construcción de las patrulleras se cobrarán aparte y que el precio final se ajustará por inflación de España, lo que implica que el precio final acordado podrá variar. En la página 9 se señala que el precio de las dos patrullas es de 82,2 millones de euros, impuestos incluidos (el valor de cada unidad es de 41,135 millones de euros) pero se aclara que “dada la extensión del proyecto, los importes de pago de los montos de las cuotas de pagos (…) serán ajustados por el dato de inflación subyacente del Reino de España, según el índice del Instituto Nacional de Estadística”. Con respecto a los extras, el texto del acuerdo determina que “los cambios, extras y modificaciones se llevarán a cabo únicamente cuando consten por escrito, debidamente firmados por ambas partes, en el que se habrán de reflejar además en el precio de contrato, plazo de entrega y características principales (…) sin perjuicio de que el constructor haga todo lo que de él dependa para que las modificaciones se hagan con el menor retraso en la entrega y al menor costo posible”. Además de las críticas de Lazo, circula en redes sociales de oficiales de la Armada, en retiro y actividad, un listado de críticas al contrato, de acuerdo con la versión circulante. Varias de esos cuestionamientos apuntan a que Uruguay deberá pagar el 70% del costo total de ambos buques mucho antes de que estén terminados y se sepa si funcionan de un modo correcto. Entre las páginas 9 y 14 se estipula que se pagará el 10% del total del precio al firmar (lo que ya ocurrió en diciembre), otro 10% se abonará con la aprobación del Plano de Cuaderno Maestro por la Sociedad de Clasificación , 30% a la puesta de la quilla, 20% a la recepción por el constructor de los motores principales en sus instalaciones, 20% a la botadura, con la presentación por parte del constructor, 5% a la finalización de las pruebas de mar con la presentación por parte del constructor, y el último 5% “a la entrega del buque en la ciudad de Vigo”. También se señala que los buques deben ser “aceptados como vengan”. El acuerdo determina: “En cualquier caso, la aceptación del buque por el comprador, sea en la forma que sea, será final y vinculante en cuanto a la conformidad del buque con la especificación y plano de disposición general y supondrá que el comprador no podrá rechazar la entrega del buque y deberá proceder de acuerdo con los términos de este contrato, a efectuar el pago final correspondiente”. “De no hacerlo así el constructor podrá cancelar el contrato”, agrega. Asimismo se señala que a pesar de tener pago a esa altura el 90% de los buques, éstos son propiedad de Cardama hasta la entrega final. “El titulo y riesgo pasarán al comprador con la entrega y aceptación del buque a través del acta de entrega y aceptación, una vez efectuada en la forma establecida en este contrato”, se señala.

En la página 27 se plantea el escenario de que Cardama quiebre: “En caso de que el constructor ingrese en un proceso administrativo o judicial de quiebra o en caso de terminación anticipada del contrato por incumplimiento del constructor las partes acuerdan que la propiedad de lo hasta ese momento construido pase al comprador”. La solvencia financiera de Cardama ha estado en tela de juicio durante todo el proceso y la empresa de momento no consiguió que ningún banco le otorgue los avales requeridos para concretar la operación. Por eso la empresa depositaría, según ha dicho Castaigndebat, la garantía en efectivo. Otra potestad que el contrato le daría a Cardama, de ser exacta la copia circulante, es la de poder echar al representante designado por Uruguay para observar la construcción de los barcos. “El constructor podrá solicitar el relevo de los representantes del comprador que sea considerado incompetente o insatisfactorio. Si tras las oportunas indagaciones el comprador considera que la petición está justificada deberá dentro de los 30 días posteriores a la recepción de tal petición efectuar tal relevo y disponer simultáneamente el reemplazo”. https://www.elobservador.com.uy/

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