Representantes de distintos países que son parte del tratado internacional contra la pesca ilegal, en vigor desde el pasado 5 de junio, pidieron hoy a los demás Estados que se sumen a la iniciativa para que sea efectiva a nivel mundial. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció en una ceremonia en su sede en Roma a las 34 partes firmantes del llamado Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, las cuales representan a un total de 61 países (incluidos los de la Unión Europea).
Hasta hace un año solo trece partes habían suscrito ese pacto (adoptado por la FAO en 2009) y, desde la conferencia sobre los océanos celebrada en octubre pasado en la ciudad chilena de Valparaíso, su número aumentó hasta superar las 25 firmas que se necesitaban para su entrada en vigor.
El director general de esa agencia, el brasileño José Graziano da Silva, agradeció los esfuerzos de Chile y Estados Unidos para impulsar el tratado e instó a otros países a unirse «tan pronto como sea posible». «Algunos han empezado los trámites y les animo a continuar», subrayó Da Silva, que recordó que aquellos que no tengan las capacidades y recursos necesarios para aplicarlo pueden recurrir a la asistencia técnica de la FAO. Por su parte, el subsecretario chileno de Pesca, Raúl Súnico, afirmó en el acto que se necesita mayor cooperación para que se amplíe el número de partes del tratado, lo que en la práctica supondría poner «más barreras a las naves que intenten eludir las regulaciones nacionales e internacionales». Esos países firmantes deben designar puertos específicos para los buques extranjeros, que tienen que solicitar permiso con antelación para entrar en ellos, facilitar información a las autoridades y permitir la inspección a bordo.
Si una de estas embarcaciones es sospechosa de participar en la pesca ilegal, las autoridades podrán obligarla a ser revisada en caso de querer usar los servicios del puerto o, si no son capaces de realizar el control, denegarle la entrada. El director general de Pesca de la Comisión Europea (CE), João Aguiar Machado, aseguró que la entrada en vigor del tratado es «solo el principio y ahora empieza lo difícil», que será su aplicación de forma «efectiva y consistente». Frente a la pesca ilegal, que sigue siendo un «negocio lucrativo», consideró que habrá que intensificar la cooperación entre los Estados costeros y aquellos a los que pertenecen las banderas de los distintos barcos para mejorar los controles y evitar que los productos pescados ilegalmente acaben descargados en tierra. El subsecretario adjunto de Pesca de EEUU, David Balton, llamó también a reforzar el intercambio de información para no dejar «puntos débiles» en la aplicación del tratado. Entre los países en desarrollo reconocidos, la ministra de Pesca de Indonesia, Susi Pudjiastuti, subrayó el daño que representa la pesca ilegal para el sector pesquero formal en su país, que ha tomado medidas drásticas como destruir los barcos capturados por faenar sin permiso. La responsable relacionó la pesca ilegal con la pérdida de combustible, el tráfico de personas, el contrabando de mercancías y drogas, y la explotación insostenible de los recursos marinos. Según cálculos de la FAO, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada puede llegar a mover cada año hasta 26 millones de toneladas y 23.000 millones de dólares . – (www.eldiario.es)
