El mandatario Luis Lacalle Pou será quien tenga la última palabra respecto a los avales impuestos por el astillero español, Cardama, por las dos patrullas oceánicas (OPV) para la Armada Nacional. Será la próxima semana que el presidente decida o no aceptar las condiciones de la empresa española. Esto fue decidido en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y anunciado por el el ministro de Defensa, Armando Castaingdebat. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, concretó la compra de las patrullas oceánicas al astillero Cardama de España. El gobierno concretó la compra de dos patrullas oceánicas por 82 millones de euros El ministro de Defensa Nacional, Javier García, comparecerá en los próximos días ante el Parlamento. Javier García irá al Parlamento por irregularidades en el Ejército y compra de patrullas oceánicas La oposición esperaba que la decisión fue anunciada en la sesión pero fue postergada una semana a la espera de que el jefe de la cartera de Defensa se reúna con el presidente para resolverlo, según informó El Observador.
¿Qué tendrá que decidir Lacalle Pou?
El 15 de diciembre del año pasado el gobierno uruguayo firmó con la empresa española, Cardama, y establecieron que las embarcaciones serían entregadas 16 meses después de la firma y la segunda arribarían un año más tarde. Sin embargo, a comienzos de marzo entregaron una documentación, exigida por avales financieros, pidiendo una segunda prórroga a los plazos previstos. El convenio firmado con la empresa establecía que en el caso de prórroga, se tenía que construir una garantía de reembolso por el “importe del primer anticipo de los dos buques” y otra de fiel cumplimiento por el “importe del 5% del total del contrato”. Esto representa un total de 9 millones de dólares y es la decisión que tendrá que tomar el Poder Ejecutivo. En ese sentido, en caso de ser aceptada la documentación, comenzará a correr el contrato y el astillero pasará a tener 18 meses para entregar el primer buque y 12 meses más para entregar el segundo. Pero en caso de rechazarlo, se tendrá que comenzar con nuevo proceso de compra.
La polémica detrás de los buques
A mediados de febrero, el entonces ministro de Defensa, Javier García, había sido llamado a comparecer al Parlamento por la compra de los buques debido a una denuncia por parte de una empresa china que cuestionó el sistema de licitación por parte del gobierno. El gobierno compró en diciembre pasado dos buques de patrulla oceánica (OPV) por más de 82,3 millones de euros para la Armada Nacional al astillero Cardama, en el marco de unas extensas negociaciones que incluyeron una queja formal de China, que esperaba formar parte de la operación. La compra motivó una dura carta al Senado de parte de la compañía estatal China Shipbuilding Trade, quien denunció desprolijidades en la licitación. “Siendo Uruguay un país reconocido internacionalmente por el apego a las normas y a las formas, ¿cómo es posible que se manejaran ofertas y se solicitaran cotizaciones por fuera del proceso, cuando aún el proceso licitatorio estaba abierto?”, aseguró la empresa, que dijo haber obtenido casi 97 de 100 puntos posibles, aunque la licitación fue declarada desierta. Sobre el tema incluso se pronunció el expresidente José Mujica, quien consideró que “en parte es un error diplomático, una falta de conocer cómo proceden los chinos” y sentenció: “Si fuera el presidente le pediría disculpas, con humildad, de alguna forma. Porque nos conviene, no es por humillarse”.
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