“En el contexto internacional, la Comisión Marítima Federal (FMC) de Estados Unidos ha jugado un papel crucial en la protección de los intereses de importadores, transportistas y otros intermediarios del comercio marítimo”, destacan los abogados Rafael Durán, Socio de Legal Export Abogados y especialista en litigios, derecho marítimo, seguros y comercio internacional y Fernando Olavarría, especialista en el área de Comercio Internacional, Derecho de Transporte, Aduanas y Seguros de Legal Export Abogados. La FMC- explican- es la agencia federal independiente responsable de regular el sistema de transporte marítimo internacional de Estados Unidos en beneficio de los exportadores, importadores y consumidores estadounidenses. Asimismo, “ha tenido un rol relevante a la hora de regular y supervisar las prácticas comerciales de las líneas navieras, asegurando que los cobros sean justos y transparentes, especialmente en áreas críticas como la facturación incorrecta, demurrage y detención”, destacan los abogados. Esta regulación- sostienen “ha proporcionado una vía eficiente para la resolución de disputas y la protección de los actores más vulnerables en la cadena logística”.
Según detallan Durán y Olavarría, en Chile, la situación es distinta, “al no existir una entidad específica como la FMC que se dedique exclusivamente a la regulación y supervisión del comercio marítimo”. Sin embargo, apuntan, existen algunas instancias y mecanismos que pueden abordar, de forma limitada, estas materias:
Tribunales de Justicia y arbitrajes: Los importadores y transportistas pueden recurrir a los tribunales de justicia para resolver disputas comerciales. Aunque este es un proceso formal y puede ser costoso y prolongado, es una opción disponible para casos graves de cobros injustificados o prácticas desleales.
Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC): Aunque el SERNAC se enfoca principalmente en la protección de los consumidores, en algunos casos puede intervenir en disputas que involucren servicios prestados a consumidores finales. Sin embargo, su ámbito es limitado en comparación con el de una entidad especializada como la FMC.
Cámaras de Comercio y Asociaciones Industriales: Estas entidades, como la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), aunque no tienen poder regulador, pueden actuar como mediadores en disputas comerciales y ofrecer foros para la solución de conflictos de manera amistosa.
Autoridad Marítima Nacional: La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) regula aspectos de seguridad y operación de la marina mercante, pero su rol en disputas comerciales es limitado y no se extiende a la regulación de tarifas y prácticas comerciales.
Situación en otros países de América Latina
Según los abogados, en otros países de América Latina, la situación es similar a la de Chile. La mayoría carece de una entidad especializada como la FMC. Sin embargo, algunos han tomado ciertas medidas para mejorar la regulación y supervisión del sector marítimo, por ejemplo:
Brasil: La Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (ANTAQ) regula y supervisa las actividades de transporte acuático en Brasil, incluyendo la navegación interior, de cabotaje, y de largo curso, así como la gestión de terminales portuarias públicas y privadas. Una de las funciones que cumple la ANTAQ es sobre la resolución de conflictos, en donde la agencia actúa como mediador entre los usuarios y operadores del sistema de transporte acuático.
México: La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), junto a sus diversas acciones y programas, puede intervenir en casos de prácticas anticompetitivas en el sector marítimo, como también establecer bases de regulación tarifaria por el uso de infraestructura y prestación de servicios portuarios, pero no regula directamente las tarifas y prácticas comerciales de las líneas navieras. “Si bien existen mecanismos en Chile para la resolución de disputas en el sector marítimo, estos son limitados y no ofrecen la misma protección y eficiencia que una entidad especializada como la FMC en Estados Unidos”, sostienen Durán y Olavarría. Por ellos concuerdan en que “la creación de una comisión marítima en Chile podría proporcionar una solución más adecuada y efectiva, garantizando prácticas comerciales justas y transparentes, mejorar la regulación y supervisión de las prácticas de las líneas navieras, especialmente en aspectos como el demurrage y el detention, ofreciendo una mayor protección a todos los actores del comercio marítimo. Esta medida no solo beneficiaría a importadores y transportistas, sino que también fortalecería la competitividad del sector marítimo chileno en el contexto internacional”.