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Interna portuaria: quieren rescindir concesión a empresa logística en medio de acusaciones cruzadas

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El depósito logístico de Lobraus en el puerto de Montevideo es un proyecto controversial desde hace varios años. Este mes la Administración Nacional de Puertos (ANP) comunicó a la empresa de capitales brasileños su intención de rescindirle el contrato por incumplimientos. Lejos de aceptar la resolución, la compañía defendió su posición y enumeró varios motivos que la perjudicaron. Entre ellos, mencionó el viaducto construido en 2022, los nuevos escáneres de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la extensión del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie para Terminal Cuenca del Plata (TCP). La historia de Lobraus comenzó en diciembre de 2007 con la presentación de un proyecto de depósito portuario de más de 12 mil metros cuadrados y un edificio anexo de oficinas de 21 pisos. Luego de años de papeleos, el contrato de concesión por 30 años entre la ANP y Lobraus se firmó en enero de 2016. El ambicioso proyecto quedó reducido solamente al depósito de mercadería y eso motivó las molestias de autoridades de los dos últimos gobiernos. En los últimos años el cortocircuito se reavivó. En octubre de 2022 la ANP intimó a la compañía para cumplir con sus obligaciones contractuales de la construcción de la totalidad del proyecto. Días más tarde Lobraus amenazó con iniciar una demanda contra el Estado por incumplimiento de la concesión. En noviembre de 2023 la empresa solicitó autorización para operar mercaderías peligrosas. Luego de varias actuaciones, en julio de este año, la autoridad portuaria resolvió denegar la petición. Pero el conflicto no quedó ahí. Una resolución del Directorio de la ANP del 6 de agosto notificó a Lobraus sobre el inicio formal de la rescisión del contrato, vigente hasta 2046, por una serie de incumplimientos. Mientras preparaba sus descargos, Lobraus presentó un nuevo pedido a la ANP. En una nota del 20 de agosto, a la que accedió El Observador, solicitó la financiación en 12 cuotas del canon mensual de US$ 38.513 (más otros conceptos por US$ 8.592) debido a “la imposibilidad de hacer frente al pago, causada por la situación financiera de la empresa”. Además planteó que -hasta que no se resolviera la financiación- la empresa no fuera suspendido del sistema operativo de la ANP por falta de pago para poder continuar con los trabajos habituales en el depósito de almacenamiento. Un día después, la compañía respondió a la resolución oficial. En el texto pidió dejar sin efecto la decisión ya que no podía decretarse la rescisión de una concesión dentro del puerto de Montevideo por un “pretendido incumplimiento justificado por diversos eximentes de responsabilidad”. Recordó que en una reunión de mayo de 2023 representantes del Ministerio de Transporte y de la ANP comentaron, de manera categórica, que no querían que se construyera la torre de edificios como estaba previsto en el contrato inicial. “No hay incumplimiento cuando el mismo es consentido y requerido por las autoridades competentes”, dijo el escrito. “No puede fundarse una rescisión de la concesión a una empresa que ha operado eficazmente, durante muchos años y de la que dependen 70 familias, sobre la base de que no han completado las obras pactadas cuando las autoridades le dicen a Lobraus que no quieren la inversión”, agregó. https://www.elobservador.com.uy/

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