El colectivo del mar entiende que “el gobierno se está coaliando con los empleadores en un largo conflicto”, cuando por normativa debiera otorgar los permisos a quienes estén interesados en trabajar. La Intergremial Marítima del Uruguay reclama que el gobierno aplique el artículo 37 de la ley 19.175 y revoque los permisos de las embarcaciones que no han tenido actividad durante 180 días. Mediante una misiva dirigida a los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca de Trabajo y Seguridad Social, a los legisladores que integran la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y al director Nacional de Recursos Acuáticos, el colectivo recuerda que en la actualidad “las organizaciones sindicales pesqueras se encuentran ante un inédito y extenso lockout de las Cámaras empleadoras”. “El pasado 27 de diciembre las Cámaras Armadoras denunciaron el convenio colectivo con vigencia al 30 de abril de 2024 que regulaba las relaciones laborales de los trabajadores de la actividad pesquera y posteriormente paralizaron su flota, dejando sin trabajo a miles de trabajadores (directos e indirectos)”, señala el comunicado. Para la Intergremial Marítima del Uruguay “los empresarios tomaron de rehenes a los trabajadores, haciendo medidas de presión al gobierno, con un listado de exigencias de exoneraciones y prebendas para su provecho (…) argumentando que la pesca ya no era una actividad redituable y con los barcos parados se perdía menos que con los barcos en actividad”. Bajo este escenario el colectivo del mar reclama al gobierno que se retiren los permisos de pesca de aquellas embarcaciones que detuvieron su actividad por más de 180 días hasta el presente y se declare la caducidad de aquellas que alcanzarán próximamente los 180 días de detención”. En este sentido, alude al artículo 37 de la Ley N’ 19.175 de 20/12/2013 donde se establece que “la inactividad de una embarcación en pesquerías, durante el período que determine la reglamentación de acuerdo a cada especie objetivo, el cual no podrá exceder de ciento ochenta días, conllevará la caducidad del permiso, salvo ante la ocurrencia de caso fortuito, fuerza mayor u otra razón fundada, debidamente comprobados y sus sucesivas modificaciones”. La Intergremial Marítima considera que el gobierno no puede mantener activos los permisos de pesca de los barcos parados, “en la medida que el lock out no es una justa causa o un motivo fundado para modificar el plazo claro de 180 días”. En caso de que los empresarios pesqueros entiendan que la pesca no es rentable correspondería darse de baja y que se otorguen los permisos a quienes cuentan con interés en explotar el recurso acuático. De no pasar esto, el colectivo del mar entiende que “el gobierno se está coaliando con los empleadores en un largo conflicto”. En tanto, este jueves los sindicatos que integran la Intergremial de la pesca se reunieron con autoridades del Ministerio de Trabajo, para destrabar la situación que afecta a 700 trabajadores y a más del 75% de la flota pesquera, que desde diciembre del 2023 suspendió sus actividades. “Van siete meses de un paro empresarial”, indicó Facundo Montana, secretario general del centro de maquinistas navales. En rueda de prensa el dirigente sindical contó que la cartera de Trabajo convoca a los trabajadores a “reuniones informales sin respuestas”, mientras que el de Ganadería y Pesca “no se aparece”. “Hay un 25% de la flota en la mar. Han trabajado antes del 30 de abril, están trabajando ahora. Han firmado convenios colectivos con aumento y recuperación salarial”, añadió.
