Por JUAN ORIBE STEMMER
El Uruguay depende sus puertos para comunicarse con el mundo. Globalización, puertos y desarrollo económico y social dependen de un mismo sistema económico, social y político. Para mencionar un ejemplo: la producción de la proyectada planta de celulosa de UPM desembocará en el Puerto de Montevideo. Sin puerto eficiente, no habrá proyecto. Pero, es revelador que no se haya mencionado al puerto como uno de los principales problemas que deben resolverse para implementar el proyecto. Ello se debe al notable incremento de la eficiencia y del movimiento de buques y cargas del Puerto de Montevideo resultado directo de la Ley de Puertos de 1992. El ranking de los principales puertos América Latina y el Caribe dedicados al manejo de contenedores elaborado por Cepal, sitúa a Montevideo en el muy honroso puesto 17 entre 120 puertos o terminales. Montevideo se halla en cuarto lugar entre los principales puertos especializados en el manejo de contenedores del Cono Sur (puertos que sirven la amplia media luna desde los puertos chilenos de San Antonio y Valparaíso, hasta el de Santos). Por su parte, el puerto de Nueva Palmira mueve anualmente unos diez millones de toneladas de carga a granel. Los dos puertos uruguayos tienen una diferencia fundamental. Mientras que puertos como Santos, Buenos Aires y San Antonio predominantemente sirven su hinterland nacional y el comercio exterior de su propio país, los puertos uruguayos son en mucha mayor medida exportadores de servicios a la región. Ello apareja beneficios económicos (economías de escala que reducen los costos portuarios y de transporte marítimo para los usuarios uruguayos y exportación de servicios a terceros países), sociales (empleo) y geopolíticos (soberanía). El papel de nuestros puertos como exportadores de servicios a la región también tiene una faceta menos agradable. Vivimos en un mundo muy dinámico. La competencia entre los puertos se hará cada vez más intensa. Los puertos de nuestros vecinos, naturalmente, aspiran a captar el movimiento de cargas de sus economías que se desvía a Montevideo o Nueva Palmira. Los usuarios paraguayos y argentinos pueden elegir entre muchas terminales portuarias para enviar o recibir sus mercaderías. Algo parecido sucede con los armadores de los buques de pesca extranjeros. Ciertamente, en la competencia con los demás puertos de la región no siempre predominará el juego limpio (no debemos olvidar las medidas discriminatorias adoptadas por el pasado gobierno argentino). Eso se entiende. Pero lo inexplicable es que nosotros mismos adoptemos medidas dañinas e innecesarias que se suman a las ya poderosas fuerzas externas que amenazan nuestros intereses portuarios. Uno de esos goles en contra es el artículo 116 de la última ley de Rendición de Cuentas que establece la obligación de pagar trece jornales a los trabajadores eventuales portuarios, aun cuando no los trabajen. Este tipo de beneficios son perjudiciales porque encarecerán los servicios portuarios y generarán costos adicionales que serán transferidos a los importadores y exportadores uruguayos que ya bastantes dificultades tienen para entrar en los mercados de ultramar. Lo más grave es que la medida incrementará el desempleo entre los trabajadores menos calificados. Www.elpais.com.uy
