Si bien los ex empleados se presentaron en diciembre a la licitación de la planta con su propio proyecto cooperativo, aún está en desventaja con respecto a la propuesta de la empresa canadiense Cooke Aquaculture la cual, de ser elegida, no prevé incorporar a su personal la gran mayoría de ex empleados, ni reabrir la planta ni utilizar los barcos. El síndico de la empresa y abogado del estudio Rueda, Abadi, Pereira, Francisco Cobas, confirmó que en su proyecto la empresa «no prevé la apertura de la planta en un principio» y que el personal que integre será «bastante menor» a la cantidad de trabajadores desempleados, en torno a los 200. No realizaría tareas de envasado ni procesado, sino que apuntará solo a la pesca y venta del producto primario, añadió. Sin embargo, el sindicato de Fripur asegura que el proyecto establece que solo una decena de ex empleados sean reincorporados de los más de 900 que quedaron sin trabajo. Según dijo el dirigente José Umpiérrez, probablemente sean contratados los trabajadores del mar que solían estar en los barcos. Aun así, dijo que la propuesta detalla que se realizará una medición de las condiciones y capacidad de los antiguos empleados, previo a su contratación. En tanto, la empresa prevé evaluar si es «factible» poner la planta en funcionamiento luego de un periodo de transición de entre tres y cuatro años, de acuerdo al avance macroeconómico de las exportaciones que tenga la empresa.
Cobas confirmó este punto. Aún no hay una fecha establecida para que la Justicia se expida, ya que continúa la feria judicial. Según Cobas, se prevé que ocurra en la primer quincena de febrero. Mientras tanto, el síndico realiza un informe evaluativo de ambas propuestas, luego de que les solicitara mejorar el pago de la garantía de US$ 15 millones. En un principio, la firma canadiense planteó pagarlo en cuotas pero ante la solicitud anunció el viernes pasado que pagaría al contado. Esto hace que esta nueva propuesta sea «mejor», dijo Cobas. Por otra parte, la cooperativa de 200 extrabajadores se encuentra en desventaja ya que el capital que al día de hoy poseen «apenas alcanza para poner en funcionamiento la planta», dijo Umpiérrez. Ante este panorama y «contrarreloj», los trabajadores volvieron a reunirse en los últimos días con la Comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para dar a conocer a más personas su proyecto y conseguir el apoyo económico necesario.
En su proyecto, proponen establecer una cogestión de la empresa junto al Estado para que este, a través del BROU, preste el dinero necesario para poner nuevamente en funcionamiento la planta. A su vez, prevén que ese crédito sea devuelto al Estado en un plazo de 10 años incluso con un interés. Por N. Garrido.- (El Observador)
