El 30 de abril vencieron los convenios colectivos que regían en el sector pesquero. Según indicaron el domingo, a través de un comunicado, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), desde esa fecha la Intergremial Marítima “paralizó las actividades de los barcos que estaban operando y condicionó cualquier zarpe a la firma de nuevos convenios”. Sin embargo, la Intergremial difundió este miércoles un mensaje en el que resaltó que el detenimiento de las actividades se dio por decisión empresarial desde enero a abril, lapso de tiempo en el que sólo “una pareja de pesqueros costeros continuaron trabajando”. “Los armadores, al denunciar en diciembre pasado el convenio colectivo, pretendieron amedrentar a los trabajadores y negociar a la baja invocando sus dificultades económicas. Pese a los millones de dólares que exportan, mantuvieron la flota pesquera sin trabajar, a pesar de que los convenios estaban vigentes”, apuntó la Intergremial. En esa línea, solicitó la intervención del gobierno para “sellar acuerdos salariales con recuperación de salarios, como acontece en los demás 23 Grupos de los Consejos de Salarios”. Desde la cámaras empresariales, por su parte, se entiende que “las negociaciones pertinentes podrán llevarse a cabo con la flota y las plantas trabajando”. “No existe razón objetiva para que, en medio de la zafra, casi 3.000 personas que llevan meses sin trabajar no puedan retomar sus actividades. Los barcos están listos”, concluyó el comunicado. A su vez, detalló que son 32 los barcos que actualmente están en condiciones de iniciar actividades de pesca.
En oposición a esto, desde la Intergremial se marcó que “hay empresas pesqueras con claro ímpetu de trabajar” con las que ya suscribió “convenios colectivos bipartitos”, que “prevén recuperación salarial y que están operando normalmente”. Consultado por la diaria, el director Nacional de Trabajo, Federico Daverede, comentó que a través de las “redes formales” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) “no hubo acercamiento” para acordar un nuevo convenio colectivo. Sin embargo, detalló que la cartera se encuentra desarrollando conversaciones individuales tanto con el sector empresarial como con la Intergremial para “encontrar puntos de contacto” que permitan convocar a un nuevo acercamiento formal. En cuanto a las diferencias que persisten entre las partes, Daverede apuntó que, entre otras cosas, se deben ajustar cuestiones vinculadas al salario y al plazo del convenio. Agregó, además, que más allá de la instancia coyuntural, siempre las negociaciones del sector presentan “otras complejidades” propias de una actividad con condiciones de trabajo singulares. “Hay algunos beneficios, condiciones especiales de trabajo, una gran cantidad de cosas que se negocian por la característica que tiene la actividad”, apuntó el director de Trabajo. Ricardo Piñeiro, presidente de CAPU, dijo a la diaria que desde el sector empresarial si bien se han mantenido conversaciones con el MTSS, se espera una “propuesta intermedia” que permita acercar las partes. Teniendo en cuenta eso, subrayó que se “aceptaría” mantener las mismas condiciones que se venían dando en el convenio anterior, que rigió hasta el 30 de abril.
Desde la Intergremial, en tanto, se le solicita al MTSS que “respalde a los trabajadores y sus organizaciones en la legítima regla de mantener el nivel de su salario real, hecho que se ha olvidado desde años en el Grupo 3 de la Pesca”. “Debemos también recordar que los trabajadores afiliados a nuestros sindicatos no tienen recuperación salarial y sus retribuciones son en dólares, por lo cual su sueldo en los últimos 14 años ha venido en caída, más aún en los últimos tres años”, complementó el comunicado. La falta de competitividad fue el elemento que en primera instancia había desencadenado el parate de la flota pesquera. Tanto CIPU como CAPU le habían extendido a las autoridades del gobierno inquietudes sobre distintos aspectos, sobre los cuales actualmente hay un acuerdo. Piñeiro detalló a la diaria que si bien resta que el Ejecutivo cristalice los beneficios que le otorgará al sector, entre otras cosas, se logró un consenso sobre la prima de aporte al Banco de Seguros del Estado; se acordó una rebaja de los permisos de pesca y se llegó a la posibilidad de obtener beneficios sobre el costo de energía de las plantas procesadoras de pescado.
