Mientras que la Marina Mercante Nacional celebraba la definitiva marcha atrás del gobierno de Javier Milei respecto a su intención de eliminar la ley de cabotaje marítimo que reserva el transporte de cargas entre puertos argentinos a buques de bandera nacional, el sector pesquero se encuentra en estado de shock por el giro copernicano que la llamada Ley Ómnibus propone para el sector. “Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”, indica el artículo 245 de la norma entregada en mano durante el pasado miércoles por el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El nuevo texto modifica de raíz el artículo 24 de la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca) que reserva la explotación de los recursos vivos marinos dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (desde la costa hasta 200 millas marinas mar adentro) a personas físicas o jurídicas constituidas en el país de acuerdo con la normativa nacional vigente. Dicho en lenguaje llano, para ejercer actividades de pesca comercial en aguas argentinas, la norma vigente indica que los buques deben pertenecer a empresas radicadas en el país con buques que enarbolen el pabellón nacional y tripulados mayoritariamente por marinos argentinos. Para los principales referentes del sector, este cambio de paradigma va más allá de lo que internacionalmente hacen todos los países con litoral marítimo, que es reservar para sí las actividades extractivas dentro de las 200 millas. Los especialistas consultados señalan ante Infobae que la propia Convención Internacional sobre Derecho del Mar aprobada por la ONU en 1982 reconoce este derecho.
