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Puerto de Montevideo: Fiscalía volvió a archivar el expediente de la denuncia por la concesión

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Uruguay Visión Marítima
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La Fiscalía volvió a archivar el expediente con la denuncia del Frente Amplio (FA) por la ampliación de la concesión de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo a la multinacional belga Katoen Natie hasta el año 2081. La fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Silvia Porteiro, afirmó en su dictamen que llegó a la resolución de archivar el expediente tras un «meditado análisis». «Luego de un meditado análisis de todas las evidencias integradas a la investigación, se dispone el archivo de las actuaciones», aseguró en el dictamen Porteiro, puesto que «ya que en lo sustancial se comparten las conclusiones extensamente expuestas por el fiscal preopinante, a las que nada puede agregarse, so pena de caer en inútiles reiteraciones». Asimismo, agregó en el dictamen fiscal que «de forma clara y contundente se resolvió que, sin perjuicio de algunas actuaciones irregulares o reprochables, estas no resultan suficientes para la tipificación del injusto que se pretende imponer». El 28 de noviembre de 2022, el fiscal Gilberto Rodríguez había decidido archivar la causa, la cual fue abierta a posteriori, al no encontrar méritos para imputar delitos. Rodríguez era quien llevaba adelante la investigación contra el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Juan José Olaizola, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el exministro del Interior, Luis Alberto Heber. Luego de que el FA presentara una ampliación de la denuncia, el 18 de mayo de 2023 se había desarchivado la causa para la investigación, volviéndose a archivar el pasado 14 de noviembre. La denuncia por presuntas irregularidades había sido impulsada por los senadores frenteamplistas Charles Carrera, Enrique Rubio y Mario Bergara. Según el dictamen, «se concluye que la plataforma fáctica resulta penalmente atípica y aún la agregación de la nueva evidencia no resultó en un aporte determinante para la causa, por lo que dado el principio de objetividad que orienta la actuación del Ministerio Público, este tiene el deber de archivar cuando advierte que las conductas de los denunciados no tienen relevancia penal».

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