Con la presencia de delegaciones de todo el mundo en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), expertos y organizaciones ambientalistas esperan que decenas de países firmen el tratado para la protección de la altamar con el fin de salvar ecosistemas marinos vitales para el planeta.
La adhesión al Tratado sobre la Biodiversidad en Alta Mar, consensuado por los estados miembros de la ONU en junio pasado luego de más de 15 años de negociaciones, supone una etapa importante para la protección significativa de la altamar, destacaron los especialistas.
El tratado entrará en vigor cuando sea ratificado por al menos 60 países y contribuiría a conseguir el denominado “objetivo 30×30”; es decir, proteger un 30% de las aguas marinas internacionales en 2030 calificando las zonas escogidas como “reservorios de biodiversidad marina”.
Tras arduas negociaciones, el texto adoptado formalmente por consenso el 19 de junio, pese a que Rusia se “distanció” del tratado, regirá en la altamar; es decir más allá de los 370 kilómetros desde las líneas costeras, donde acaban las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los estados y comienzan las aguas que no pertenecen a ningún estado.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), calificada como la “Constitución de los océanos” fue aprobada en 1982, pero no incluye la biodiversidad marina en las áreas situadas fuera de la jurisdicción de nacional de los países, de manera que casi dos tercios de las aguas oceánicas están desprotegidas.
Aunque representa casi la mitad del planeta y más del 60% de los océanos, durante mucho tiempo la altamar fue ignorada en la batalla medioambiental, a diferencia de algunos ecosistemas costeros, situación que los expertos señalan que podría comenzar a corregirse mediante la creación de zonas de conservación en las aguas internacionales. En la actualidad, sólo alrededor del 1% de la altamar está protegido, razón por la cual, en diciembre pasado en la ciudad canadiense de Montreal, durante la COP15 sobre biodiversidad, todas las naciones del mundo se comprometieron a proteger el 30% de la tierra y los océanos
del planeta para 2030.
Para lograrlo, el nuevo tratado es crucial, aunque todo dependerá de la fecha de su entrada en vigor, que debería ocurrir luego de que 60 países refrenden el acuerdo y sus respectivas legislaturas lo aprueben.
Según la ONU, más de 60 gobiernos ya anticiparon que rubricarán el tratado. “La carrera está en marcha y pedimos a los países que sean ambiciosos, que ratifiquen el tratado para garantizar que entre en vigor en 2025”, dijo Mads Christensen, responsable de Greenpeace Internacional.
Los especialistas esperan que el acuerdo consiga superar el umbral de adhesiones antes de la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos, que se celebrará en Francia en junio del año próximo, ocasión en la que se podría avanzar con medidas concretas, como la delimitación de las áreas.
“Tenemos menos de siete años para proteger el 30% de los océanos, así que no hay tiempo que perder”, advirtió Christensen, quien destacó que, aunque se logre el umbral de 60 ratificaciones, la cifra está aún muy lejos de la universalidad que esperan los defensores de unos océanos carentes de fronteras.
Según un reciente informe de Greenpeace, menos de un 1% de la altamar está debidamente protegida y para alcanzar el “objetivo 30×30” deben protegerse cada año unos 11 millones de kilómetros cuadrados de océano.
Entre 2018 y 2022, la actividad pesquera en altamar aumentó un 8,5%, cifra que subió un 22,5% en las áreas identificadas para la protección. “Estas tendencias muestran que la realidad en el mar va en dirección opuesta a la ambición establecida en el tratado”, apuntó Greenpeace.
La ciencia demostró la importancia de proteger todo el océano, rebosante de biodiversidad a menudo microscópica, que proporciona la mitad del oxígeno que respiramos y limita el calentamiento global al absorber gran parte del dióxido de carbono emitido por las actividades humanas. El tratado sobre “conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional”, según define el texto consensuado, también introduce la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental de las actividades previstas en
altamar.
El texto no enumera estas actividades, que podrían ir desde la pesca hasta la explotación minera de los fondos marinos, el transporte marítimo o las potencialmente controvertidas actividades de geoingeniería vinculadas a la lucha contra el calentamiento global. El tratado también establece el principio de reparto de los beneficios de los recursos genéticos marinos recogidos en altamar, tema que dividió posiciones, cristalizó tensiones y obligó a negociones de último momento para salvar el acuerdo.
