El Poder Ejecutivo contrató un sistema por 10 años que estará financiado por pasajeros de navieras; gasto fue observado pero se reiteró. La presidencia resolvió contratar un consorcio internacional para “la instalación y mantenimiento de un sistema de control fronterizo para pasajeros que ingresan y egresan del Uruguay”. Los pasajeros que entren o salgan del país en barco financiarán su funcionamiento, por lo que pagarán US$ 2,10 más IVA por “el servicio de seguridad” prestado. El gobierno adjudicó “la licitación pública internacional N° 19/2022 convocada para la contratación de una ‘solución llave en mano’” para la instalación del sistema de control fronterizo “a la Promesa de Consorcio integrada por las empresas Veridos México Sociedad Anónima de Capital Variable y Veridos GMBH por un precio por servicio de seguridad de US$ 2,10 más IVA , por el plazo de 10 años, el que se percibirá de los pasajeros a través de los agentes navieros, que deberán retener y convertir al adjudicatario el monto . recaudado, previa aprobación por el Poder Ejecutivo ”, expresa la resolución firmada el 5 de septiembre por el presidente Luis Lacalle Pouy el ministro del Interior, Luis Alberto Heber . A su vez, “la administración se reserva la facultad de la renovación del mismo por hasta un período”. El anterior gobierno intentó en dos oportunidades instalar un nuevo sistema de control fronterizo, pero ambos procesos licitatorios naufragaron. La iniciativa fue retomada en setiembre del año pasado por el Ministerio del Interior, que en el llamado explicó que era su finalidad “el registro de todas las personas que ingresen o egresen del Uruguay, ya sea por vía terrestre, marítima, fluvial o aérea”, lo que alcanza a 43 puntos fronterizos. El semanario Búsqueda informó entonces que el sistema “deberá recopilar, analizar y proveer información inteligente acerca de la identidad y movimientos de los pasajeros para facilitar la toma de decisiones ejecutivas en la prevención y detección de ilícitos”. El nuevo mecanismo habilitará el análisis del nivel de riesgo de las personas que crucen la frontera y la búsqueda en listas de Interpol de ciudadanos uruguayos y extranjeros, lo que optimizará las alertas.

“La presente contratación no generará ingresos o erogaciones a cargo del Ministerio del Interior”, aclara la resolución firmada por el presidente y el ministro, puesto que el sistema se financiará con el pago del “servicio de seguridad” por parte de los pasajeros de barcos, el que será retenido por las empresas navieras. La iniciativa de este proyecto surgió del ámbito privado, ya que fue presentado por Dafiway SA, empresa que participó de los tres procesos licitatorios y que, en este último, también quedó por el camino. Su propuesta de instalar y operar un nuevo sistema de control migratorio fue aceptada por resolución del Poder Ejecutivo de 5 de febrero de 2018. Aunque el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) había observado en dos oportunidades las actuaciones del actual gobierno, Lacalle y Heber resolvieron este 5 de setiembre “reiterar el gasto observado, habida cuenta también de la urgencia que existe de contar con el sistema de control fronterizo licitado, a fin de reforzar los mecanismos de fiscalización de pasajeros que ingresan y egresan al país, e implementar los avances tecnológicos que permiten brindar mejores condiciones de seguridad en la frontera”. El llamado de este gobierno preveía la puesta en marcha del sistema 12 meses después de la firma del contrato. De todas maneras, la resolución firmada el 5 de setiembre dispone “dar intervención” nuevamente al Tribunal de Cuentas.

Objeciones

Las dos empresas (y sus promesas de consorcio) que acudieron al llamado a licitación presentaron observaciones a las ofertas de sus competidores. Tanto Buquebus como Colonia Express, las dos firmas de transporte fluvial de pasajeros que operan en el Río de la Plata, también dieron cuenta de sus cuestionamientos, puesto que quedan obligadas a cobrar “el servicio de seguridad” por los controles migratorios. Además, creen que la medida es “discriminatoria”, porque se grava al transporte fluvial, y no así al aéreo ni el terrestre. Sin embargo, el presidente y e ministro resolvieron que “de acuerdo a lo sugerido por la Comisión Asesora de Adjudicaciones y a lo informado a través de los asesores jurídicos internos y externos recibidos, procede en esta instancia no hacer lugar a las peticiones formuladas en el presente procedimiento”.

Tribunal de Cuentas observó el proceso en dos oportunidades

Las actuaciones del actual gobierno fueron derivadas de forma “preventiva” al Tribunal de Cuentas, el que observó el gasto en una resolución del 17 de mayo de este año, donde plantea cuatro objeciones: dos ítems de ponderación técnica del Pliego de Condiciones Particulares no establecen parámetros objetivos para su valoración y puntuación, lo que contraviene al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf); “el depósito correspondiente a la garantía de mantenimiento de oferta constituida por el oferente Veridos México SA de CV se efectuó con posteridad al acto de apertura, por lo que la oferta debió ser descalificada”; “la naturaleza jurídica de la contraprestación a pagar por pasajero se trata de un tributo que debe ser establecido por ley”; y que la vigencia de los beneficios de Dafiway SA (la empresa que propuso al Ejecutivo en 2018 el nuevo sistema) caducaron. 

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