Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay insistieron el miércoles en sus objeciones al cobro de peaje por parte de Argentina en la Hidrovía del río Paraná y exigieron a este último país que detenga esa práctica hasta que demuestre que existen servicios efectivamente prestados a la navegación que justifican la medida. La coincidencia fue alcanzada durante la XLIX Reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Los cuatro países también solicitaron a Argentina que garantice la libertad de navegación y la libertad de tránsito, además de abstenerse de adoptar otras medidas restrictivas. En respuesta, Argentina tomó nota de los reclamos de los cuatro estados signatarios del Acuerdo sobre Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná de Santa Cruz de la Sierra, respecto de la suspensión de la medida y se refirió a la información técnica adicional presentada el 24 de agosto para demostrar los servicios prestados a la navegación en el tramo del río Paraná, desde su confluencia con el río Paraguay hasta el puerto de Santa Fe, y propuso que dicha información sea analizada en la instancia técnica de la Comisión del Acuerdo.
“Paraguay impulsa el cumplimiento de los pasos procesales contemplados en el Protocolo de Solución de Controversias, cuya última instancia es someter la controversia a la decisión de un Tribunal Arbitral”, señaló la Cancillería paraguaya en un comunicado. Asunción impulsa el cumplimiento de los pasos procesales contemplados en el Protocolo de Solución de Controversias, cuya última instancia es someter la controversia a la decisión de un Tribunal Arbitral. Por su parte, empresarios paraguayos y bolivianos emitieron un comunicado recordando los términos del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra firmado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuyo objetivo es establecer un marco regulatorio común que favorezca el desarrollo, modernización y mejora de la eficiencia de las operaciones fluviales, facilitando así el acceso en condiciones competitivas a los mercados regionales de ultramar; bajo los principios de Libertad de Navegación, Igualdad de Trato y Libertad de Tránsito. En cuanto a las afirmaciones de la Argentina de que se habían implementado mejoras en la navegación, las entidades privadas subrayaron que “resulta inconveniente prestar el tradicional servicio de balizamiento -con boyas estáticas- porque ello no sólo no favorece la navegación, sino que incluso puede entorpecerla debido al permanente cambio de rumbo que provocan las corrientes en ese tramo del río Paraná.”
“Este año, el gobierno argentino procedió a implementar unilateralmente un peaje de US$ 1,47 por tonelada neta registrada para el transporte fluvial en el tramo ”Puerto de Santa Fe-Confluencia“. Este peaje afecta a los usuarios de la región: importadores, exportadores, armadores y prestadores de servicios, no sólo a los armadores paraguayos. Este tipo de medidas, además de encarecer las mercaderías de la región, haciéndolas menos competitivas, podría desalentar el uso de la hidrovía”, continúa el documento.
“Es intención de todas las instituciones presentes defender de manera decidida el Acuerdo y sus principios, por lo que instamos a todos los actores, miembros de los gobiernos, a resolver los problemas en el marco de la CIDH y de la Comisión del Acuerdo. Es importante destacar que cada acción de uno de sus miembros afecta al resto. Por lo tanto, todas las acciones que tomen los países deben enmarcarse bajo el enfoque multilateral. Más aún, teniendo en cuenta que dos de sus miembros son países mediterráneos, que tienen el derecho de acceso a los océanos consagrado en la Convención del Mar”, destacaron las entidades empresariales. Firmaron el documento, entre otros, la Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados, la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz, la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas, la Unión Industrial Paraguaya, el Centro Paraguayo de Navegación, la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia y la Cámara de Comercio e Industria de Bolivia. En este escenario, el ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Oscar Thomas, aconsejó al ministro de Economía y candidato presidencial argentino, Sergio Massa, que su país no condone los más de 14.000 millones de dólares de intereses que la EBY adeuda a la Argentina. A través de una carta en Facebook, Thomas instó a Massa a no ceder a la propuesta de Paraguay sobre la deuda de la EBY, en referencia a un acuerdo previo entre los ex presidentes Mauricio Macri y Horacio Cartes.
“Hay documentación al respecto. He participado en las negociaciones con Paraguay en nombre de la Argentina con el apoyo del ex ministro Julio De Vido desde 2005 hasta 2014. Lamento mucho la mala experiencia que tuvo en Asunción hace unos días, se podría haber evitado si el embajador argentino en Paraguay le hubiera advertido sobre las triquiñuelas que arman los paraguayos cuando intentan sacar rédito”, aseveró. Este mes Massa hizo escala en Asunción a su regreso de Washington DC y se reunió con el presidente Santiago Peña, a quien supuestamente prometió que ya no se cobrarían peajes en la Hidrovía, lo que resultó no ser así. https://es.mercopress.com/
