Chile y Argentina reeditaron una controversia por unos 5.000 km2 de aguas continentales argentinas, situadas al sur de la provincia de Tierra del Fuego, que el país vecino ahora marcó como propias en un mapa de sus espacios marítimos. Cancillería presentó una queja ante la Embajada chilena y exigió que se cumplan las delimitaciones aprobadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2016.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de Chile (SHOA) publicó el miércoles pasado el «Gráfico Ilustrativo de los Espacios Marítimos de Jurisdicción Chilena», en donde la plataforma continental de ese país se superpone con la de argentina, formando un extenso triángulo en el mapa.
Un día más tarde, Cancillería presentó una nota formal de protesta (35/2023) ante la Embajada chilena a cargo de Bárbara Figueroa, ya que la publicación del mapa contradice la demarcación de límites que surgieron a partir de un trabajo de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), que inició en 1997 y obtuvo la aprobación de la ONU en 2016.
Sin embargo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron a Página|12 que continúan esperando la respuesta de la contraparte chilena a la queja presentada, ya que aún no llegó. “Tiene que haber una respuesta oficial, formal y no solo política, sino también jurídica. No alcanza con una respuesta verbal por parte de algún funcionario chileno. Tiene que haber una corrección del mapa o una normativa chilena que diga que fue un error”, plantearon.
En paralelo, el Gobierno de Tierra del Fuego a cargo del gobernador Gustavo Melella manifestó el viernes su “máximo rechazo” a lo que consideran un atentado contra los límites nacionales establecidos de conformidad al Derecho Internacional.
El antecedente que ya había rechazado Argentina
La situación no es nueva. Ya en 2021 había habido un cruce importante por este mismo tema, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera publicó el Decreto 95 en agosto de ese año, que entendía como propia esta zona reclamada desde años anteriores por un sector de la comunidad chilena.
Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, comentó a este medio: “Este conflicto se inicia cuando ellos (Chile) estaban a dos o tres meses de ir a elecciones. Con lo cual, se interpretó como una utilización de esta situación en clave doméstica para atraer a la casa militar”. Por ese entonces, el crecimiento del candidato José Antonio Katz como emergente muy marcado de la derecha contrastaba con la necesidad del expresidente Piñera de fortalecerse en ese espectro del electorado.
Ahora, la reciente publicación de este mapa ratifica el camino que marcó ese antecedente. Para Dachary, significa un “avasallamiento a nuestra soberanía” que “colisiona por completo con el espíritu de hermandad de nuestros pueblos”.
La nota de Cancillería va en ese sentido: “La pretensión chilena ha sido rechazada categóricamente por la Argentina en reiteradas oportunidades tanto en el plano bilateral como el multilateral”.
El mapa chileno contradice lo dispuesto por la ONU
Frente al reclamo del país vecino, las autoridades argentinas recuerdan que la plataforma del país fue redefinida y extendida en 2016 con el visto bueno de Naciones Unidas. “En ese entonces, la ONU lo presentó ante distintos países para que pudieran realizar algún tipo de oposición, cosa que Chile no hizo”, recordó Dachary.
Después, cuando el país trasandino se embarcó en la realización del mismo trabajo de redeterminación de sus propios límites de la plataforma exterior que había hecho Argentina –en conformidad con las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Tratado de Paz y Amistad de 1984–, incluyó estos 5.000 km2 como propios.
La situación reviste una discusión importante para la soberanía de ambos países, ya que en la plataforma continental –que va más allá de su mar territorial– cada país tiene derechos de exploración y explotación de sus recursos naturales. Por ello, desde Cancillería aseguraron que esperan de parte del Estado chileno una respuesta política y jurídica concreta a la queja.
