Se están registrado visitas oficiales y oficiosas estadounidenses a Uruguay, cuyos integrantes parecen sugerir la probabilidad de flexibilización frente a los eventuales errores semánticos o conceptuales contenidos en la reciente normativa de derribos, interdicción aérea, uruguaya. Esto se traduciría, posiblemente, en dejar de vetar determinadas ofertas de aeronaves de combate, con el aparente requerimiento de que pudiese destacarse un oficial de enlace de la USA en la Fuerza Aérea Uruguaya, misiones estadounidenses que en Uruguay existieron hasta mediados de los 70. Asimismo, mientras el gobierno ya parece mayoritariamente inclinado a posponer la durante años postergada compra de aviones de combate (con la Fuerza Aérea ya gestionando motores GE J85 para activar un segundo A-37B) parecen registrarse otras ofertas por 6 aeronaves BAE Hawk a un polémico precio de más de 90 millones de dólares, mientras anteriores propuestas aludían, con un presupuesto similar, a 8 o 10 aviones Hawk modernizados, amplio stock de repuestos, manuales, simulador y los opcionales a data link, conectado en tiempo real con las principales dependencias gubernamentales. Ello contrasta con las recientes afirmaciones del ministro de Defensa, Javier García, respecto a que cada avión de modelos actuales le costaría a la Fuerza «entre 80 y 100 millones de dólares», lo que no se corresponde con la realidad. Desde hace 25 años se han procesado numerosas gestiones infructuosas para dotar de aviones de combate a la Fuerza Aérea Uruguaya, llegándose actualmente a una situación apremiante de carencia absoluta de material y a un solo Dragonfly, de más de 45 años, en orden de vuelo.
