El nuevo Canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, se reunió la semana pasada con representantes del Comité del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CPTCP) para discutir los próximos pasos hacia la eliminación del peaje de US$ 1,47 por tonelada de registro neto al transporte fluvial que circula por el “Puerto de Santa Fe-Confluencia” impuesto unilateralmente por Argentina.
“De ninguna manera vamos a agotar el diálogo, con la firmeza y convicción de que estamos reclamando un justo derecho de la República del Paraguay”, dijo Ramírez, quien insistió en que se utilizarán todos los medios legales necesarios para solucionar la situación.
Ramírez también señaló que los demás países que integran la hidrovía (Brasil, Bolivia y Uruguay) acordaron disputar la tarifa nueve meses después de su implementación.
El nuevo director de la Administración de Navegación y Puertos (ANNP) de Paraguay, Julio César Vera, quien participó en la reunión con Ramírez, señaló que los informes técnicos respaldan la refutación de los argumentos a favor del cobro del peaje.
Raúl Valdéz, presidente del Centro de Dueños de Ríos de Paraguay, dijo que el sector privado considera la medida como “un impuesto al paso de nuestras embarcaciones”.
Hasta el momento, las facturas emitidas por el cobro de peaje previsto rondan los US$ 12 millones y se estima que a finales de año podrían llegar a los US$ 50 millones. Además, Valdez dijo que la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina no cuenta con una estructura administrativa para gestionar las recaudaciones. También expresó que no todos los propietarios de barcos estaban pagando el peaje y que aquellos que lo hicieron podrían demandar judicialmente su reembolso.
Se realizó en Buenos Aires una reunión de la Comisión del Convenio de la Hidrovía Paraguay-Paraná con representantes de Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay. Con base en la documentación técnica presentada por la CPTCP, se determinó que no existe fundamento para el cobro de peaje en el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia”. Posteriormente, la CPTCP emitió un comunicado oficial oponiéndose a tal aseveración.
“La CPTCP está dispuesta a brindar toda la información técnica necesaria para que el presente conflicto entre países hermanos se resuelva de manera cordial, respetando siempre los lineamientos establecidos en el Convenio de Santa Cruz de la Sierra, el cual ha resultado ser un eficiente marco legal que ha permitido que las cargas fluviales a través de su sistema pasen de las precarias 800.000 toneladas de la década de los 80 a más de 20 millones de toneladas en la actualidad”, remarcó la entidad.
En este escenario, Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay discutirán el peaje de la hidrovía en una reunión especial de la Comisión Intergubernamental de Hidrovías (CIH) -órgano político que supervisa el Acuerdo de Transporte Fluvial de 1992- el 30 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Argentina no demostró que el peaje corresponda a los servicios realmente prestados, lo que llevó a los países interesados a insistir en que el simple acto de navegación no debería estar sujeto a cobro.
La situación se agravó luego de que un remolcador paraguayo y otro boliviano fueran detenidos en el puerto de San Lorenzo, Santa Fe, Argentina, debido a deudas acumuladas por impago de peajes.
