El ministro Paganini aseguró que la regasificadora nunca construida le generó al estado una pérdida de US$ 217 millones. El ministro de Industria, Omar Paganini, compareció este jueves ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores para respaldar el proyecto de ley impulsado por el gobierno para liquidar Gas Sayago, la sociedad anónima integrada por UTE y Ancap para asociarse con la firma brasileña OAS en la construcción -fallida- de una regasificadora. Pese a que han pasado los años y el proyecto (ideado en el gobierno de José Mujica) nunca se concretó, la empresa continúa legalmente abierta e implica un gasto de US$ 125.000 mensuales al Estado, indicó Paganini en rueda de prensa luego de la reunión con los parlamentarios.
«Los legisladores tendrán que tomar la decisión. Se me pidió información, los gastos. La recepción fue buena y probablemente Uruguay puede liquidar el problema», dijo Paganini a la salida de la comisión. El objetivo del gobierno es que mediante la norma se dé la liquidación de la sociedad anónima y que los juicios que aún están abiertos sean absorbidos por UTE y Ancap.
«Que los gastos dejen de existir, porque son gastos por existir la empresa formalmente; no son gastos porque hoy haya personal o haya operaciones», detalló. En total, añadió, la regasificadora nunca construida le generó al estado una pérdida de US$ 217 millones. Gas Sayago es propiedad de UTE y ANCAP, que tienen una participación accionaria de 79% y 21% respectivamente.
El camino de Gas Sayago
Gas Sayago fue creada en 2011. Era el concesionario para la construcción de la planta regasificadora, proyecto que se frustró a poco de iniciarse algunas obras, como la instalación de 71 de los 650 pilotes necesarios para el puerto de descarga. Se trata de tubos de 50 metros de largo y 40 centímetros de diámetro enterrados a 30 metros de profundidad; en su momento se calculó que removerlos tendría un costo aproximado de US$ 8 millones. En 2021, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) concluyó que se violaron normas éticas en Gas Sayago. Para ese organismo, los estudios previos fueron insuficientes y las autoridades de la época (2010-2015) llevaron adelante esta obra sin “estudios integrales de prefactibilidad y factibilidad que permitieran una adecuada toma de decisiones”. En tanto, la expresidenta de Ancap y exgerenta de Gas Sayago, Marta Jara, presentó en 2021 una demanda laboral contra el Estado, al que le reclamó $ 7.200.000 más intereses y reajustes por supuestos salarios impagos, la indemnización por despido, aguinaldo, licencia, salario vacacional y perjuicios varios cuando estuvo al frente del proyecto. En mayo de 2022, tras la sentencia a su favor en primera instancia, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2° Turno confirmó la primera resolución y condenó a Gas Sayago a indemnizar a Jara. Jara trabajó como gerenta general de Gas Sayago entre 2012 y 2016, momento en que el Ejecutivo le ofreció presidir el directorio de Ancap. La ingeniera solicitó licencia sin goce de sueldo en Gas Sayago y estuvo en la petrolera estatal hasta marzo de 2020. Al terminar su mandato con el cambio de gobierno, buscó regresar a Gas Sayago y no obtuvo respuesta, por lo que se consideró indirectamente despedida. En junio de este año la jueza María Helena Mainard dispuso el archivo de la denuncia presentada por la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y el abogado Jorge Barrera. Se denunciaba grave perjuicio económico para el Estado, una sucesión de actos arbitrarios, y abuso de poder por parte del expresidente de Ancap, Raúl Sendic, Jara, y el expresidente de UTE Gonzalo Casaravilla. https://www.teledoce.com/
