La biodiversidad en peligro
Según Pew, desde finales de la década de 1990 y a principios de la de 2000, el puerto de Montevideo empezó a ser calificado por los expertos en delitos pesqueros como un “puerto de conveniencia”, utilizado por embarcaciones ilegales para descargar merluza negra que habría sido capturada ilegalmente en el Atlántico sudoccidental. Por ejemplo, los riesgos más altos para la pesca INDNR de poteras de calamar se registraron en los barcos de bandera china que utilizaban el puerto de Chimbote, Perú (3 %), Callao, Perú (3 %), y Montevideo, Uruguay (2 %), y de barcos de Corea del Sur cuyos buques utilizan el puerto de Montevideo, Uruguay (2%), según un estudio académico publicado en abril de este año en la revista Nature Communications. La sobreexplotación de los recursos bioacuáticos, explicó Milessi para Infobae, además del cambio climático, ha causado que las poblaciones de Merluza, el principal recurso pesquero de Uruguay y Argentina, haya disminuido o que los especímenes cada vez sean más pequeños o inmaduros. En el caso de las embarcaciones de aguas distantes, los investigadores encuentran un obstáculo a la hora de realizar sus estudios pues estas flotas no declaran sus capturas por lo que, según Milessi, se trabaja con base en estimaciones para conocer los estados de las especies. Un estudio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero sobre el complejo pesquero uruguayo, asegura que entre 1974 y 2020 se observó una disminución significativa de los desembarques anuales de merluza realizados por Uruguay y Argentina dentro de la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU). En 1992, los pesqueros desembarcaron 164.000 toneladas pero en 2020, los desembarques apenas alcanzaron 15.150 toneladas, lo que equivale a una disminución del 91%. En este período, explica la investigación, los desembarques de Argentina disminuyeron un 96%, mientras que los de Uruguay un 85%. Pero no solo la merluza estaría en peligro. Un informe de Greenpeace sobre el impacto de la sobrepesca en el suroeste del Atlántico en el 2019 advierte sobre las amenazas de la sobrepesca en el Agujero Azul, ubicado a 1.333 kilómetros (720 millas náuticas) al sur de Montevideo. En este espacio hay “ecosistemas únicos y una fauna icónica, como la ballena franca austral, y otras especies clasificadas como vulnerable, como el cachalote”. De acuerdo con Greenpeace, el Agujero Azul es una de las áreas de aguas internacionales más explotadas por “los barcos que barren el lecho marino y destruyen indiscriminadamente la vida marina”. El estudio señala que los barcos pesqueros extranjeros “que operan en el Agujero Azul prácticamente no están sujetos a regulación, lo que convierte al Agujero Azul en un Lejano Oeste explotado principalmente por barcos pesqueros de China continental, Corea, Taiwán y España”. La sobreexplotación de las poblaciones de peces no solo afecta al equilibrio del ecosistema marítimo sino que pone en riesgo la pesca local. Según el senador uruguayo Gustavo Penadés, “el sector (pesquero) ha experimentado una continua decadencia en los últimos 20 años y hoy su supervivencia se encuentra en una situación difícil, lo que amenaza miles de puestos de trabajo”. Para el biólogo Milessi basta con ver los estudios regionales que se hacen dentro de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, organismo que interviene en Argentina y Uruguay, para conocer que la merluza “presenta biomasas decrecientes en tallas es decir, el tamaño de los peces cada vez es más chico”. Esto, explicó Milessi a Infobae, “genera una repercusión directa sobre las capturas que genera la flota pesquera uruguaya”. La pesca en Uruguay es fuente de trabajo directo de al menos 6.000 ciudadanos y genera exportaciones de alrededor de USD 100 millones anualmente.
Sin regulaciones, pocos recursos y poca transparencia
La zona del Atlántico Sur Occidental que comparte Argentina, Uruguay y Brasil, es una de las únicas áreas de aguas internacionales donde no existe una organización regional de ordenación pesquera (OROP). Las OROP, según Global Fishing Watch, administran la pesca más allá de las jurisdicciones nacionales, es decir que supervisan la actividad pesquera en alta mar. En el 2019, Luisina Vueso, de la campaña Proteja los Océanos, dijo a Greenpeace que “la falta de control y regulaciones están dejando al océano al borde del colapso. Solo en el Atlántico suroeste, más de 400 barcos pesqueros llegan cada año para vaciar sus mares”. Milessi aseguró a Infobae que la falta de una OROP en las aguas de Argentina, Uruguay, Brasil y las Islas Malvinas, es aprovechado por las flotas de aguas distantes que llegan a los caladeros –zonas de pesca definidas por la FAO– de estos países “y no sabemos muchas veces cuánto se llevan… (Pero) hay una gran afectación de los recursos pesqueros del Atlántico Sur Occidental”.
Para Goldaracena es esencial que se regule la pesca fuera de las jurisdicciones de los países porque no bastaría con que, por ejemplo, el puerto de Montevideo deje de recibir a embarcaciones extranjeras para evitar la pesca INDNR: “Uruguay podría ponerse todo lo exigente y duro con las flotas de pesca de aguas distantes que piden ingresos a puerto, pero mientras no haya control de regulaciones en alta mar, o sea, los barcos pueden dejar de entrar a puerto pero el problema no se va a erradicar”, aseguró. Pero los instrumentos internacionales o regionales no son los únicos recursos para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Los recursos que los gobiernos destinen a la lucha contra esta amenaza son importantes. Un reporte escrito por Goldaracena para Calamasur sobre el más reciente incidente de la Armada uruguaya y un pesquero chino revela “las carencias de recursos materiales de la institución”. El pasado 5 de julio, las autoridades uruguayas informaron que dentro del pesquero chino Lu Rong Yuan Yu 606 se encontraron 11 toneladas de calamar. Esta embarcación fue detenida el 4 de julio a 150 millas náuticas de Punta del Este. Había la sospecha de que incurría en prácticas de pesca ilegal dentro de la ZEE de Uruguay. El caso fue investigado y la Armada de Uruguay archivó el caso pues no logró comprobar que la embarcación hubiera pescado dentro de las 200 millas uruguayas. Los barcos extranjeros pueden transitar de forma inocente por las ZEE de los países, pero no pueden pescar sin autorización. Cuando se conoció que el caso fue desestimado, la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros hizo público un comunicado “en el que denuncia varias irregularidades de la Armada en el procedimiento”, según recogió El Popular de Uruguay. Este mismo medio calificó al caso del pesquero chino como un “Papelón y silencio” de las autoridades. El reporte de Goldaracena sobre este caso asegura que hubo “contratiempos derivados de no contar con los medios materiales adecuados, e imprevistos derivados de la falta de experiencia en el apresamiento de buques poteros, llevan a que se termine escapando sin que la Armada Nacional haya terminado de confirmar y registrar la sospecha de que se encontraba pescando”. Otra forma de luchar contra la pesca INDNR es la transparencia en los datos relacionados con las pesquerías. Cuando los gobiernos son transparentes con esta información se puede garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y se contribuye a la mejor toma de decisiones en la gestión de la pesca. Este sería un punto neurálgico también en Uruguay, pues no toda la información pesquera es de acceso público, algo que también es frecuente en otros países de la región, como Ecuador –aunque este país en marzo de 2022 se adhirió a una iniciativa internacional de transparencia pesquera. Milessi contó a Infobae que hay algunos datos sobre las pesquerías en Uruguay que son públicos y otros datos deben solicitarse con un pedido de acceso a la información. Pero “muchas veces en la solicitud se tiene que dar ciertas condiciones, ahí es donde cualquier persona no puede tener acceso a esa información”. Según explicó Milessi, algunos datos como los desembarcos de la pesca de Uruguay están disponibles “pero no tenemos registros de cuánto se desembarca por la flota extranjera en el puerto de Uruguay”. Desde la sociedad civil, se ha instado al gobierno a realizar alianzas o a implementar proyectos y declaratorias para conservar el mar uruguayo. Por ejemplo, Milessi, como coordinador del proyecto Un Solo Mar, ha sugerido al gobierno que generen convenios de cooperación con Global Fishing Watch o Skylight, para el monitoreo satelital de las embarcaciones. También, Milessi y su equipo trabajan en la implementación de un proyecto sistema de boyas y drones para monitoreo ambiental y de pesca ilegal. La lucha en contra de la pesca INDNR debería ser una de las principales preocupaciones de los países. Según estimaciones de la FAO, el 20 % de los productos del mar de todo el mundo se capturan de forma ilegal. Esto representa pérdidas económicas de entre USD 10 y USD 23 mil millones. De acuerdo con el senador Penadés, uno de los principales desafíos del sector pesquero uruguayo es lidiar con la sobrepesca y la pesca ilegal. https://www.infobae.com/
