La cúpula del Pit-Cnt intercedió en busca de un acercamiento, en medio de una disputa que volvió a aumentar la tensión en un área clave del sector productivo. El conflicto por el convenio salarial en Terminal Cuenca del Plata (TCP) escaló ayer todavía un paso más luego de que la empresa propiedad en un 80% de Katoen Natie y 20% de la Administración Nacional de Puertos (ANP) retirara su propuesta de convenio salarial. Por su parte, los trabajadores nucleados en el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) realizarán hoy una asamblea para analizar las diferencias. La empresa mostró su disconformidad con la reticencia del sindicato a confirmar el preacuerdo alcanzado la semana pasada, aunque fuentes del gobierno confiaron a El País que la negociación continuará en estos días. Tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el sindicato aseguraron que los canales informales están abiertos. “El sindicato pretendió incluir un cambio en el contenido del convenio colectivo que se había acordado y que excedía el compromiso asumido por TCP. Nuevamente el sindicato quiso modificar el convenio de manera unilateral, señalando que, si no accedía a ello, no firmaría el convenio colectivo”, sostuvo la empresa en un comunicado. Tras ese choque, la compañía informó que no firmará el nuevo convenio colectivo. Las idas y vueltas por el convenio laboral en TCP son seguidas de cerca por la cúpula del Pit-Cnt, que a través de distintos referentes intercedió durante los últimos días en busca de un acercamiento en un conflicto que volvió a incrementar su tensión desde el miércoles pasado. El preacuerdo fue ratificado por una asamblea de trabajadores el martes 12 pero quedó en suspenso a último momento luego de que el sindicato portuario rechazara firmarlo por diferencias de interpretación en una de las cláusulas.

El director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellanos, es uno de los que intercedió tras las diferencias. El dirigente charló sobre el tema con el secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, con quien se mantiene en contacto, y también lo hizo con la Dirección Nacional de Trabajo, dijeron las fuentes. El secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, también estuvo arriba del asunto. Y el líder de los estatales de COFE y referente de la corriente En Lucha, José Lorenzo López, mantuvo reuniones con los portuarios. La idea es “dejar enfriar” para buscar un acercamiento, dijo una de las fuentes. En el Pit-Cnt identifican que la marcha del conflicto tiene tres aristas. El primer tema está en poder zanjar las diferencias sobre la cantidad de trabajadores con cinco años de antigüedad que pasarán de 13 a 18 jornales asegurados. El segundo asunto radica en que desde el Pit-Cnt también ponen el ojo en el “problema” de que un convenio ratificado por una asamblea no haya sido finalmente firmado. Por un lado, por una cuestión política de avalar lo votado. Y, por otro, porque advierten que una diferencia sobre unos 40 trabajadores puede dejar sin convenio al resto de los empleados.

Pero además en el Pit Cnt asumen como inconveniente quemar las naves en una discusión salarial cuando al mismo tiempo están por abrir una negociación con la empresa y el Poder Ejecutivo por el futuro de los trabajadores de Montecon en el Puerto de Montevideo, luego de la extensión de la concesión de la terminal especializada de contenedores hasta 2081 en favor de TCP. Las fuentes sindicales coincidieron en que la operativa del puerto es “muy sensible” y que a su criterio el conflicto ocurre en medio de una relación desgas-tada entre la empresa y el sindicato. El vínculo entre el núcleo de base de TCP y la compañía tiene como antecedente la caída del convenio anterior en 2013, y distintos conflictos durante los gobiernos del Frente Amplio. Pero su punto más inmediato y de alta tensión fue el paro de 72 horas a finales de setiembre en medio de esta negociación salarial. Luego de ese paro, y de idas y vueltas, la asamblea de trabajadores aprobó un preacuerdo el martes 12. Sin embargo, eso no fue firmado en el Ministerio de Trabajo. En su comunicado emitido ayer, la compañía sostuvo que “teniendo en cuenta cómo ocurrieron los hechos relatados y que a la fecha el Supra no manifestó su interés en firmar el convenio colectivo, la gerencia de TCP no tuvo otra opción que la de no ratificar la propuesta de convenio”.Según los sindicalistas, los trabajadores con cinco años de antigüedad que debían pasar de 13 a 18 jornales asegurados eran unos 40, mientras que para la empresa este beneficio alcanzaba a cuatro personas. “Nos citaron a una reunión y nos comunicaron que no van a firmar. Nosotros queríamos salvar el 99% restante del acuerdo, pero la empresa jugó esa carta”, dijo Reinaldo a El País. “Todo está sobre la mesa. Lo que menos queremos es volver al conflicto”, agregó al ser consultado sobre eventuales medidas.

Cláusula de paz y cuatro años

El preacuerdo entre Terminal Cuenca del Plata y el sindicato portuario también incluyó un apartado especial con un mecanismo de prevención de conflictos y estableció una cláusula de paz atada tanto a la ausencia de medidas gremiales como a asegurar el funcionamiento de la terminal los domingos. Los representantes sindicales cuestionaron el alcance de esa cláusula de paz. La negociación fue por un convenio a cuatro años, un tiempo superior al promedio de los acuerdos salariales. A su vez, la empresa pagaría una gratificación de $ 20.000 por única vez en un solo pago junto al sueldo de octubre, excepto a los cargos gerenciales.

Gobierno sigue de cerca la negociación

El conflicto en el puerto no es uno más para el gobierno. Allí hay millones de dólares entrando día a día al país, y temen que el desentendimiento que se está generando por estas horas entre el sindicato y la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) termine escalando a “medidas de lucha” que paralicen la actividad. Por ese motivo las autoridades de la Torre Ejecutiva siguen de cerca las negociaciones. La preocupación de las autoridades del gobierno es a tal punto que han mantenido contactos informales con los dirigentes de la cúpula sindical del Pit-Cnt para intentar acercar las partes y que no se alcance la tensión de semanas atrás, cuando el gremio definió una paralización de tareas por 72 horas como medida de protesta. El mes pasado fue el de mayor conflictividad laboral desde que asumió el nuevo gobierno. En gran medida esto se debió al conflicto en el Puerto de Montevideo, y también al que se desarrolló en la empresa UPM, que quedó atrás luego del acuerdo entre las partes. En el oficialismo opinaron que detrás de las medidas gremiales estaba la intención de “poner palos en la rueda” al gobierno. Ayer la senadora Graciela Bianchi -primera en la línea de suplencia de la vicepresidenta de la República- opinó en su cuenta de Twitter sobre la advertencia que algunos frenteamplistas realizaron en la pasada campaña en relación a lo que podría pasar con la conflictividad sindical si ganaban los blancos como ocurrió. “No se olviden de estas afirmaciones. Lo piensan y lo quieren hacer en serio. Yo lo viví, no me lo contaron”, escribió y publicó una foto de Lucia Topolansky con su declaración: “Se generará una movilización social enorme que podría producir inestabilidad”. El País intentó obtener la palabra de la Unión de Exportadores del Uruguay por varias vías, pero se excusaron de opinar sobre la situación en el Puerto de Montevideo por tener la agenda ocupada. https://www.elpais.com.uy/