Por: JUAN ORIBE STEMMER

El Suplemento Que Pasa de El País, en una nota del domingo 4 de noviembre de 2017, recordó que después de la visita que realizara el presidente Vázquez a la República Popular China, el presidente de la empresa de esa potencia, Shandong Baoma Fishery Group, había anunciado que tenía la intención de instalar en Puntas de Sayago una base para servir a los buques pesqueros chinos que operan en todo el Atlántico Sur. El proyecto incluiría, comentó el empresario chino, una zona franca, instalaciones para la construcción, reparación y abastecimiento de los buques, y para recibir a sus tripulaciones. La base también contendría facilidades para el almacenamiento y procesamiento de las capturas y para la producción de harina de pescado. La nota concluyó que “al parecer, el plan quedó en pausa”.

Pues bien, ahora parece haberse reactivado.

La empresa china tendría en mente una inversión de 250 millones de dólares y habría comprado terrenos en la zona de Punta Yeguas. Las futuras instalaciones de la base pesquera incluirían un muelle de 800 metros de longitud y 60 metros de ancho, y un amarradero para barcos de hasta 50.000 toneladas. Sería interesante tener más información sobre buques pesqueros de esas dimensiones. Se mencionó que la terminal podría recibir 500 buques pesqueros que trabajarían en la ya sobreexplotada región del Atlántico sudoccidental.

Estas noticias en la prensa nacional e internacional plantean dudas importantes que deberían ser aclaradas antes de que este proyecto se convierta en un hecho consumado. Porque, es bueno tener presente, que nuestra Constitución incluye entre las competencias de la Asamblea General, la de “habilitar puertos”. Esta competencia ya se encontraba en la Constitución de 1830 y tiene una considerable sabiduría.

Todo lo que tiene que ver con los intereses marítimos y portuarios de nuestro país tiene una clara importancia política, estratégica.

Esa importancia incluye tres dimensiones. La primera es la ubicación del Uruguay en el escenario del Atlántico sudoccidental. La segunda es la dimensión temporal. Es necesario considerar la presencia de la base pesquera en el tiempo y dentro del proceso más amplio de expansión comercial y marítimo de la República Popular China. A lo que se suma una tercera dimensión: el estado de los recursos pesqueros del Atlántico sudoccidental y los intereses de largo plazo de la pesca de nuestro país.

Podría sostenerse que la empresa que impulsa el proyecto no es el Estado chino. Pero no debemos pecar de ingenuos cuando se trata de las relaciones de poder entre los Estados. La estructura de la economía y del Estado de la República Popular China es conocida. No existe una separación entre las empresas de ese país y el Estado.

¿Es sensato que el Uruguay (3,4 millones de habitantes), haga semejante concesión a China (1,386 miles de millones de habitantes)?

El establecimiento por una empresa china, de una base pesquera de las dimensiones anunciadas, con el estatuto de zona franca, en un punto de la costa del departamento de Montevideo, no es un asunto exclusivamente comercial, portuario o pesquero. Es un asunto político, estratégico, de primera magnitud. El País