La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y la academia están enfrentadas por las exigencias para el muestreo de recursos pesqueros. Investigadores de la Udelar lo interpretan como censura y exigen modificaciones; la Dinara dice que el control de la información persigue un fin geopolítico. Es el mundo, es la naturaleza, es la política. Andrés Domingo, director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), pinta así el escenario: «Hay una competencia geopolítica en el agua, se viene la década de los océanos». Una predicción que anuncia que a partir de 2020 la economía será azul, es decir que se profundizará la explotación de los suelos productivos de los océanos, pero en un contexto de uso sostenible de los ecosistemas.La extracción de recursos energéticos, farmacéuticos, transporte, pesca, telecomunicaciones, turismo, se disputará en la última barrera que queda por cruzar: alta mar. Por eso Domingo dice que «la investigación marina está teniendo implicancias geopolíticas profundas». Así quiere justificar las exigencias que establece el nuevo decreto que reglamenta la ley de pesca para acceder a un permiso de pesca científica, una redacción que, asegura, no es distinta del decreto anterior de 2006. Quiere decir que la condición para poder investigar de darle la información recabada a la Dinara y no divulgarla sin su autorización —que hasta ahora no se había aplicado—, tiene detrás un argumento estratégico para el desarrollo del país. «Hoy se estima que los recursos a obtener pueden ser enormes, el tema es quién va a llegar ahí». ¿Y quién va a llegar ahí? «Nosotros no; dos o tres potencias son las que tienen la tecnología para explorar a 10.000 metros de profundidad», aclara Domingo. Sin embargo, la investigación oceánica se está discutiendo a nivel mundial y ya comenzó la ronda de negociaciones en Naciones Unidas (ONU). Uruguay araña este futuro desde 2016, cuando la ONU aprobó una ampliación de 350 millas de su terreno oceánico. De esta forma se extendió la zona económica exclusiva, por ejemplo, para la búsqueda de hidrocarburos.

Aunque el 40% de nuestro territorio es líquido, Domingo coloca paños fríos a la ambición: «Nuestra situación territorial es crítica». Y es que hay otro vínculo diplomático que influyó en la reglamentación de la investigación. El área que nos compete en el Río Uruguay, el Río de la Plata y su frente marítimo están compartidas con Argentina. «Todo lo que se produzca o ejecute en ese territorio tiene una afectación del 100% para el desarrollo del país y tiene incidencia en las relaciones internacionales. No se trata de querer tener el control de la información, sino que es política y geopolíticamente necesario tener precaución en saber cómo manejarla, que no significa ocultar ni mentir», dice. Tras publicarse el decreto, el 4 de mayo pasado, el capítulo siete que reglamenta los permisos de pesca para investigación generó el inmediato rechazo de la comunidad científica, de la Universidad de la República (Udelar) y de distintas comisiones y agencias de investigación que interpretan que la normativa es exacerbada, poco precisa en cuanto a qué tipo de investigaciones requieren el permiso, no da garantías de plazos ni de criterios de evaluación, y que al atar el otorgamiento del permiso al compromiso de no publicar los resultados sin el aval de la Dinara se incurre en censura. Esto, además, tendría un efecto nocivo para el desarrollo de la investigación y podría perjudicar la formación de recursos humanos. Los investigadores sospechan que la discusión que está implícita en este conflicto es el verdadero rol que tiene la ciencia en la toma de decisiones políticas.

En dos bandos.

Primero, unos 30 investigadores y docentes impugnaron el decreto. Pero fue la Dinama la que logró que el muestreo del agua quedara por fuera de esta norma. Tras una negociación entre los ministerios de Defensa, Vivienda, Relaciones Exteriores y Ganadería, que excluyó a los científicos de la discusión y culminó con unas modificaciones que ellos hallaron superficiales, en setiembre fue la Udelar la que presentó un recurso de impugnación. Según publicó el portal Sudestada, el departamento jurídico de la Udelar argumentó que este artículo es inconstitucional, ya que la Dinara está vulnerando la especialización y autonomía de la Universidad como ente, «que no puede ser restringida por un decreto», dice la prorrectora de Investigación, Cecilia Fernández. La Universidad tiene entre sus fines impulsar y promover la investigación. «Eso está establecido en la Ley Orgánica y un decreto no puede tener más fuerza que una ley», agrega. Detrás del «ultra control» que se quiere imponer a este sector, los investigadores creen que hay una voluntad de callarlos. «Yo siento desde hace un tiempo que la investigación científica puede llegar a molestar en los planes desarrollistas», opina Diego Lercari, de la Unidad de Desarrollo de las Ciencias del Mar que funciona en la Facultad de Ciencias. Dos viernes atrás, en Rocha, un grupo de investigadores se reunió para armar un listado de sugerencias que la prorrectora Fernández deberá presentarle cuanto antes al director de la Dinara, para acordar una forma de trabajo mientras el recurso de impugnación sigue su curso. En el fondo, se quiere evitar llegar a un juicio administrativo y volver a negociar.

La pregunta es para Andrés Domingo:

—¿Está dispuesto a discutir nuevas modificaciones?

—Estoy en todos los aspectos abierto al diálogo, pero quiero recibir fundamentos de los temas a impugnar para visualizarlos y discutirlos.

Buscar por primera vez un argumento para metodologías que siempre funcionaron de una manera no es una tarea fácil. Menos aún, cuando la certeza que sobrevuela es que la investigación está siendo vista más como un problema que como un beneficio para el desarrollo del país. Sin embargo, Laura Rodríguez-Graña, investigadora y docente del Centro Universitario Regional del Este (CURE), encargada de ordenar las opiniones de los científicos, dice que la actitud es positiva y que quieren presentar una propuesta «que no deje al país libre de que venga cualquiera a sacar lo que quiera», pero que por otro lado contemple «ser práctico con la investigación doméstica que involucre a estudiantes y docentes de la Universidad». Una de las posibilidades que discuten es proponer que los permisos sean para especies que estén bajo un plan de manejo, o para investigaciones internacionales a gran escala. Es que los investigadores coinciden en que el decreto le da demasiadas atribuciones a la Dinara. Para tramitar el permiso exige el currículum de cada técnico, los objetivos que persigue el proyecto, el compromiso de presentar todos los datos obtenidos, no divulgarlos sin su autorización, y costear el embarque de técnicos de esta dirección para controlar las actividades. «No es competencia del ente evaluar la calidad de los proyectos, sino cuántas muestras voy a tomar, de qué cosa, con qué frecuencia y cómo lo voy a recolectar», dice Rodríguez-Graña. «Pareciera que cualquier tipo de organismo que habita en el agua requerirá un permiso para su estudio. Entendemos que es correcto que la Dinara esté al tanto, pero otra cosa es que la publicación de mi investigación esté sujeta a su evaluación», agrega. Juan Cristina, decano de Ciencias, asegura que «en ningún lugar del mundo se estila pedir los datos crudos antes de publicarlos». «Los datos de la investigación forman parte de mi propiedad intelectual y ese es asunto de la Universidad. Además, los proyectos son financiados por instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales, no podemos estar dependiendo de tener el permiso. Creo que falta llegar a un punto medio». Siendo las publicaciones el mecanismo de evaluación y de acceso a subsidios de los científicos, el programa Pedeciba —que promueve posgrados— generó un grupo de trabajo para evaluar las consecuencias de estos artículos en el futuro de la investigación; el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología opinó que «los requisitos propuestos implican un control sobre la actividad de investigación», y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación manifestó su preocupación por el camino escogido.

El valor del dato.

Marcelo Loureiro investiga junto a alumnos de tesis cómo la especie invasora de peces carpa afecta a la fauna nativa del río Santa Lucía. Al formar parte de un área protegida, necesita un permiso de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que a su vez le exigió el permiso de la Dinara. Tras una demora de cinco meses, la Dinara le respondió que para obtener el permiso debía comprometerse a no publicitar la información sin su autorización, pero este investigador plantea que al ser un trabajo de tesis, en caso de no dejarlo publicar, el alumno no se podrá recibir. ¿Y cómo podría costear a los investigadores de la Dinara si no tiene fondos? ¿Y qué consecuencias habría si se llegara a publicar sin autorización?

A su vez, como el tipo de muestra que necesita es el contenido estomacal del pez, es decir, que podría pedirle las vísceras a un pescador deportivo, Loureiro no tiene claro si este proyecto forma parte o no de lo que el decreto interpreta como recurso pesquero. Hizo la consulta y sigue esperando la respuesta. Hay otras dudas que también se acumulan. Alvar Carranza, profesor adjunto en el Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE, pregunta qué sucede si a partir de muestras capturadas en 2010 publica la información hoy: ¿forma o no parte de la nueva reglamentación? Y el abogado Mauricio Fioroni, experto en derecho ambiental y ordenamiento territorial, que está habituado a recurrir a evaluaciones de técnicos para presentar pruebas de contaminación ante un juez, plantea: ¿deberá un particular pedir permiso para tomar estas muestras?

Él asegura que no es una práctica habitual en derecho comparado retener el conocimiento. «Todo lo que se produce tiene que volcarlo al dominio público. Incluso en las empresas privadas que investigan, la tendencia es la apertura de la información». Cree que esta medida se toma en un contexto en que hay un problema grave de contaminación a nivel del agua. «Supongo que lo que se quiere hacer es que se investigue menos y que antes de que salga el resultado de una investigación que genere alerta pública, el Estado tenga tiempo de prepararse».

Cuando a Domingo se le pregunta con qué criterio se permitirá o no la divulgación de los datos, responde: «No ha existido a la fecha ningún caso en que nosotros hayamos objetado de forma directa una publicación. Te diría que lo que queremos es un margen de por lo menos tener la posibilidad de discutir o plantear la posibilidad de que haya un enfoque erróneo o una mala interpretación que pueda afectarnos como país». Lejos de ocultar información, el jerarca afirma que la medida pretende asegurarse un acceso temprano a los hallazgos y no esperar hasta su publicación para enterarse y actuar. En este punto, deja entrever un posible conflicto de intereses. «Un investigador se valora por su formación y el número de publicaciones que realiza. Los medios donde publican tienen un criterio comercial y suelen priorizar las investigaciones que tienen más impacto pero, ¿qué tiene más impacto? Lo que está en estado crítico, y esto muchas veces nos golpea. Al estar guardado el dato hasta su publicación, podría afectar por ejemplo la salud». También argumenta que la publicación de algunos datos que presentan una situación similar a la que tienen otros territorios, pero sus gobiernos no informan, puede afectarnos comercialmente. «Estamos comprometidos con la conservación, pero la óptica con la que uno presenta la información hace a la sensibilidad de la sociedad en su conjunto y debemos ser muy cuidadosos con eso», concluye.

Entonces:

—¿Cómo influye la ciencia en la toma de decisiones?

—Los científicos son 100% atendidos.

Pero el manejo de la información es crucial para el comercio. «Pensar que no habría competencia en este ambiente en desconocer la naturaleza humana. Es el mundo, es la naturaleza, es la política».

Mea Culpa.

Unos días atrás, durante una de las Jornadas Ambientales de la Red Temática de Medio Ambiente, el biólogo Lercari demostró que la investigación en ciencias del mar tiene buena salud. En los últimos 27 años se produjeron más de 1.000 investigaciones que fueron publicadas en 409 medios internacionales, alcanzando una tasa de crecimiento del 12,3% anual. Se investigó más, concluyó, porque aumentó el presupuesto de la Udelar.

Entre las unidades ejecutoras, la Dinara es de las pocas que tiene entre su competencia la investigación. Posee el único barco de investigación del país, que según distintos científicos se rompe el 90% de las veces que navega. Su director sabe que dirige una oficina que no tiene buen lobby y expone lo que considera un logro: «En la última década se han publicado más de 40 trabajos científicos por año y muchos en conjunto con investigadores de la Universidad».

Según el análisis de Lercari, mientas que la Dinara patrocinó 62 de las 1.000 publicaciones internacionales, la Universidad es responsable de 590. Es esta institución la que concentra 80% del conocimiento científico, volumen que para Cristina, el decano de Ciencias, debería repartirse idealmente entre otras instituciones públicas y privadas, que habría que estimular a que surjan.

Tras el conflicto generado por las imposiciones del decreto, se acumularon los testimonios de investigadores que revelan que la relación entre la academia y la Dinara es tensa. Al estudiante de doctorado Luis Orlando nunca le dieron el permiso para analizar las áreas de cría del gatuzo, un tiburón que se pesca artesanalmente en las costas de Rocha y Maldonado. Luego de tres años de reunirse con investigadores y directores de la Dinara, que se habían mostrado entusiasmados con el proyecto, el expediente está extraviado y la respuesta sigue sin llegar.

La historia de Camila de Mello, bióloga con una maestría en geociencias, fue publicada en el portal 180. Pidió información de la captura incidental de merluza (todo lo que sale con la pesca), para estudiar el cambio climático y cómo las corrientes afectan la pesca. Tras dos años de espera hizo una solicitud de acceso a la información, pero le fue negada. «El argumento era que se trata de información que se comparte con Argentina para regular las actividades de pesca y que podía afectar las negociaciones entre ambos países y ser útil para competidores, porque revelaba estrategias de captura». Presentó una denuncia en la Unidad de Acceso a la Información Pública pero la Dinara se negó otra vez, así que esta unidad volvió a solicitar los datos incluyendo la firma de Tabaré Vázquez. Aun así, los datos nunca le fueron entregados y el expediente está extraviado. «Yo trabajé en la Dinara y sé que hay reglas pero no siempre se cumplen. Siempre hubo líos dependiendo de con quién trabajes, porque hay mucho problema personal».

Dicen los investigadores que estas situaciones son corrientes y los terminan desmotivando. Orlando se pasó a la ecología urbana y De Mello estudia los océanos a través de información satelital. Ya no tienen que pedir permisos a nadie.

El director de la Dinara reconoce que en la última década se redujo en un 28% su plantilla de trabajadores «para achicar el costo». Como el decreto amplía las atribuciones de esta dirección, los investigadores esperan un futuro de más demoras y respuestas sin llegar.

¿Cuál es entonces el rol del científico hoy? Carranza, investigador del CURE, está desarrollando un proyecto en el que analiza la interacción entre la academia y la toma de decisiones en los últimos años. «Creo que sí somos considerados, pero veo que la Udelar no ha logrado un canal directo de apoyo a las políticas llevadas adelante por el Poder Ejecutivo. Hay mucha investigación, pero está fragmentada dentro de la Udelar. Nos falta nuclearnos y tener nuestra propia política estratégica acerca de qué queremos saber de la ciencia del mar para fortalecernos».

Permisos: ¿qué sucedía antes del decreto?

Andrés Domingo, director de la Dinara, recuerda que un decreto de 2006 también exigía el compromiso de los investigadores a no publicitar sus resultados sin autorización de la Dinara. Sin embargo, no se aplicó. Tampoco era una regla solicitar permisos: «Había quien los pedía y quien no». Dice que no se fiscalizaba porque no estaban ni quieren estar en «condición ni posición» de controlar a los investigadores de la Universidad. Distintos investigadores consultados dijeron que esto es cierto y, de hecho, los que están agrupados para exigir modificaciones apoyan que exista un registro de quienes investigan.  https://www.elpais.com.uy