Los ambientalistas dicen que a la planta no le alcanzará con el agua del río. Mientras que sectores ambientalistas cuestionan el efecto que la nueva planta de UPM en las cercanías de Centenario (Durazno) tendrá sobre las aguas de Río Negro y los embalses de Rincón del Bonete y Baygorria, la empresa salió a asegurar que no afectará la calidad del curso fluvial y que no será necesario recurrir a los lagos artificiales. El proyecto se acerca a una fase de definiciones y los ambientalistas que tuvieron un rol protagónico en la oposición al proyecto minero Aratirí y a la búsqueda de hidrocarburos por parte de la empresa Petrel Energy, salieron a encender la alarma por las consecuencias que tendría UPM para el río Negro, que tiene diez veces menos caudal que el río Uruguay. Víctor Bachetta, uno de los referentes del movimiento, dijo a El País que en la planta se usarían unos 125.000 metros cúbicos diarios y que para atender sus necesidades no alcanzará con el caudal del río, por lo que tendrá que recurrir a los cercanos embalses de Rincón del Bonete y Baygorria. El nivel de la cota de Bonete está establecido por la ley, que también determina que esas aguas deben ser destinadas a la generación hidroeléctrica con prioridad sobre cualquier otro uso posible como el riego o el consumo. Esto le hacer decir a Bachetta que sería necesaria una modificación legal si UPM pretende utilizar los embalses. Según Bachetta —quien hizo estos planteos originalmente en una serie de notas que publicó en el portal «Sudestada»—, que eso será así quedó evidenciado en el contrato que el gobierno firmó con la multinacional el año pasado en el que se comprometió a garantizarle un «caudal mínimo». «En época de lluvias, UTE guarda agua para generar cuando hace falta. Si tienen que asegurar un agua mínima, las cosas cambian ¿Acaso el gobierno es Dios para determinar el flujo que tendrá el río? Es absurdo. Esa garantía solo se puede dar manejando el agua de los embalses», sostuvo. Según el ambientalista o se eleva la cota de reserva o se descuenta de la reserva vigente. Esto podría tener en particular impacto sobre la localidad ribereña de San Gregorio de Polanco (en el departamento de Tacuarembó) porque si se eleva podría crear dificultades para resistir el embate de las aguas en algunos momentos del año.

Visión de la empresa.

Sin embargo, fuentes de la empresa aseguraron a El País que no está previsto recurrir ni a aguas subterráneas ni a la regulación de los embalses durante la operativa de la planta. Sí puede darse la posibilidad de que se utilicen aguas subterráneas en las instalaciones transitorias que se construirán para atender las necesidades de los trabajadores mientras se edifica la planta. Así está establecido en la página 39 del estudio «Viabilidad Ambiental de Localización» que aprobó la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). «Tanto la fuente de agua, como el cuerpo receptor de estas plantas, será el río Negro. No obstante, es posible que esta fuente de agua se complemente con algún pozo de agua subterránea, según disponibilidad. Las dos plantas se construirán dentro de la zona franca y serán transitorias, desmontándose hacia el final de la fase de construcción», dice el estudio. Aun así, Bachetta cree que se afectaría el enorme acuífero Guaraní, que en ese lugar se ubica a una profundidad promedio de 80 metros. Pero el alcalde de Paso de los Toros, Juan José López, dijo a El País que está tranquilo al respecto. «Van a hacer un pozo de 60 metros para el armado de la planta para el agua corriente de la planta, como cualquier industria o cualquier productor rural. El acuífero está a 400, 500 metros. Acá hay comerciantes que perforaron 460 metros para explorar agua termal y no llegaron al acuífero. Cualquier productor rural abre un pozo para un molino, o una bomba de agua a esa profundidad», aseguró López. En un sentido similar, las fuentes de UPM señalaron que en la zona en cuestión el suelo es de basalto, lo que implica que el agua se encuentra a poca profundidad y «en ningún caso se tocaría el acuífero Guaraní». Pero aun así, Bachetta no está convencido. Por un lado, entiende que la gran cantidad de agua que requerirá la planta afectará a las explotaciones rurales de la zona y teme por la contaminación. Para Bachetta, la empresa subestima la cantidad de fósforo transportada por los efluentes que generaría la planta. Sin embargo, López dijo que «del 100% que retiran del río devuelven el 90% en buenas condiciones con todas las garantías, es un 10% lo que sacan; la empresa está muy preocupada por el agua del río Negro y va a poner todo su empeño en limpiar, con el apoyo de los vecinos, OSE y el Mvotma, eso nos va a a ayudar para que el río se empiece a limpiar». Las fuentes de UPM dijeron que en la planta de Fray Bentos el agua del río Uruguay es tratada y se reutiliza hasta 200 veces. «El agua se devuelve al río a veces mejor y los datos se envían online a la Dinama. No hay industria que tenga mayores controles que esta», aseguraron. López reconoce que el agua del río Negro frente a Paso los Toros y Centenario ya está contaminada como consecuencia de la utilización de distintos productos en las plantaciones de soja en departamentos co-mo Durazno y Cerro Largo. OSE hizo perforaciones para comenzar a proveer con agua del subsuelo y no del río a Paso de los Toros y la zona cercana.

Paso de los Toros espera inversiones en próximos meses

El alcalde de Paso de los Toros, Juan José López, comentó que, por el momento, Paso de los Toros «está igual que hace dos años» porque los inversionistas que podrían desarrollar proyectos para aprovechar el impacto que tendría la eventual segunda planta de UPM en la localidad están a la expectativa. «Llegaron algunos proyectos de hotelería, de construir contenedores para vivienda. Se va a empezar a mover cuando se vea fehacientemente que la cosa va en serio, cuando haya obras en las vías férreas y donde va a estar la planta. Creo que en el segundo semestre se va a mover la cosa», señaló. Pero Víctor Bachetta también duda del impacto laboral positivo que tendría la planta de UPM. El activista sostiene que en julio de 2016 el presidente Tabaré Vázquez dijo que la empresa iba a invertir US$ 4.000 millones y el Estado tendría que invertir US$ 1.000 millones, pero que luego esas cifras se modificaron.  Cuando se firmó el contrato en noviembre del año pasado, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que las inversiones alcanzarían 2.000 millones de euros, unos US$ 2.500 millones, recordó Bachetta. Y el Estado, en realidad, deberá invertir US$ 1.850 millones, sostuvo. El activista señaló que en el pico de la construcción de la planta trabajarían entre 2.500 y 3.000 personas y luego, en la operativa de la fábrica, 500. Esto, sostuvo, está muy lejos de 8.000 puestos de trabajo que UPM ha dicho que se crearán. UPM se está acercando a la denominada «Decisión final de inversión» que se adoptaría en algún momento de 2019. El 31 de marzo de 2019 debería estar concedida la autorización ambiental para la construcción de la planta y en la segunda mitad del año se presentaría el estudio de impacto ambiental de la fábrica.

La construcción comenzaría en 2020. Está previsto que la planta produzca 1,3 millones de toneladas de pasta de celulosa anuales utilizando como materia prima el eucalipto.  https://www.elpais.com.uy