Considera que la norma demostró ser eficaz y estar vigente para transformar al puerto de Montevideo la gerenta ejecutiva del Centro de Navegación (Cennave), doctora Mónica Ageitos, expresó en el marco de la conferencia “Desafíos de los puertos del Uruguay”, que dictó el martes 20 en la sede de la Liga Marítima Uruguaya, en Montevideo, la preocupación de su institución por la necesidad expresada públicamente por la autoridad portuaria de modificar la Ley de Puertos número 16.246, que entró en vigencia en 1992. A la presentación asistieron unos 40 integrantes de la comunidad portuaria, entre los que se encontraba el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan José Domínguez.“Es importante tener en cuenta que estamos hablando de una ley que favoreció un cambio radical positivo en la forma de prestar los servicios portuarios e introdujo conceptos internacionales que pusieron al Puerto de Montevideo a la altura de los mejores puertos del mundo. Cuando se dice que es una norma que ya tiene 25 años, como si estuviera caduca o fuera muy antigua, creo que es un gran error. Estamos hablando de una norma joven que ha demostrado ser eficaz”, sostuvo“En caso de que se entendiera que es necesario modificar alguna norma de esta ley o de sus decretos reglamentarios, el centro —que reúne a agentes marítimos, operadores portuarios, terminales y depósitos portuarios—, ha solicitado al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y al directorio de la ANP formar parte de la comisión de estudio, como lo hicimos con el Código Aduanero, protegiendo la figura de Puerto Libre”, adelantó Ageitos.En otro pasaje, la expositora lamentó que el sector marítimo está sufriendo “una amenaza que es la aplicación del artículo número 116 de la Rendición de Cuentas, que establece la obligatoriedad de pagar 13 jornales a los trabajadores eventuales, aún cuando no los trabajen”. La aplicación de esta ley se encuentra en suspenso hasta el 30 de abril, con la posibilidad de extenderla 60 días más.La representante del Cennave afirmó que el marco normativo “es inconstitucional por vía doble, va en contra de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de la Ley de Negociación Colectiva número 18.566 y de los laudos firmados por nuestro sector, donde este tema se trató, se laudó y, en algún caso, se llegó a un acuerdo de convocatoria garantida que es mucho más justo que pagar aún cuando no se trabaje”. Anticipó que esta ley “no sólo tiene problemas de orden jurídico sino también de orden comercial. Si se pone en vigencia hará inviable algunas de la operativas eventuales, exportaciones y servicios que se prestan en el puerto de Montevideo”.Ageitos dijo que “El 59% de la carga que pasó por el puerto de Montevideo en 2017 y una cifra superior al 50% en Nueva Palmira, fue en tránsito. Los trasbordos son los que permiten que lleguen los grandes buques que tienen frecuencias semanales, lo que contribuye a que haya bodegas con menor precio. Hoy no podemos tener dudas de cuál es la importancia del trasbordo”.“Lo supimos —apuntó— cuando estaba vigente la resolución 1108/2013”, de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación, que fue derogada en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri, y que impedía los trasbordos de las exportaciones argentinas a puertos uruguayos. “Y lo sabemos ahora, cuando la congestión de buques en Montevideo hizo que se perdiera parte de la carga paraguaya que debemos salir a recuperar”, advirtió. Por MundoMarítimo
